El Congreso de la República informó a sus contratistas sobre posibles retrasos en el pago de sus honorarios debido a problemas de flujo de caja, en el periodo del cierre fiscal del año aún vigente 2024.
En una circular emitida por la Dirección Administrativa se detalla que los pagos dependerán del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) asignado por el Ministerio de Hacienda, y aquellos que no puedan ser cubiertos este año serán registrados como “reservas presupuestales y cuentas por pagar” en los estados financieros.
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“Es importante tener en cuenta que el pago de las cuentas de cobro está sujeto al flujo de caja PAC. Las cuentas que no se puedan pagar por falta de PAC quedarán constituidas como reservas presupuestales”, señala el documento.
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La circular, enviada a principios de diciembre, solicitó a los contratistas cumplir estrictamente con los requisitos y enviar las cuentas de cobro correspondientes al periodo anterior a diciembre antes del 10 de diciembre, mientras que las de este mes podían ser remitidas entre el 18 y el 20 de diciembre.
No obstante, se advirtió que, en caso de insuficiencia de recursos, los pagos podrían quedar pendientes hasta 2025.
Esta situación se suma a la de otras entidades públicas, como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Dane y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que también enfrentaron problemas presupuestales este año. En algunos casos, los contratistas fueron instruidos a laborar desde casa debido a la falta de recursos.
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De acuerdo con lo que informó al respecto El Espectador, el Congreso no es ajeno a este tipo de dificultades. En agosto del 2024, ya se había advertido sobre una posible “parálisis administrativa” debido al retraso en los desembolsos para su funcionamiento.
En ese momento, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó que no había recursos para actividades esenciales como la publicación de proyectos de ley en la Gaceta.
Tras reuniones con el Ministerio de Hacienda, encabezado entonces por Ricardo Bonilla, se logró un desembolso que permitió continuar con las actividades. Sin embargo, los problemas de caja persisten y han generado preocupación entre los contratistas, que hasta el 26 de diciembre aún no habían recibido sus pagos.
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Crisis presupuestal afectó también Procuraduría y Defensoría del Pueblo por congelamiento de transferencias
Solo una semana atrás, el 20 de diciembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron serias afectaciones operativas debido al congelamiento de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Según reveló El Tiempo, a pesar de su autonomía constitucional, estas entidades informaron que para diciembre del año por cerrar enfrentaron recortes significativos en sus presupuestos de inversión, situación atribuida a la falta de aprobación de una ley de financiamiento que habría permitido recaudar $12 billones para 2025.
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron al medio en ese momento que el 19 de diciembre el Departamento Nacional de Planeación emitió circulares ordenando aplazar hasta un 88% del presupuesto de inversión de dichas entidades.
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En este contexto, la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, solo contará con $10.700 millones de los $85.000 millones originalmente destinados para inversión, mientras que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, sufrirá un recorte similar en su asignación presupuestal.
“Cuentas que no se puedan pagar por falta de PAC quedarán constituidas como reservas presupuestales”, se ha reiteró en las comunicaciones oficiales, que afectarían también a otras instituciones como la Agencia Nacional de Tierras y diversas dependencias del Gobierno.
El porqué de los recortes
El impacto de estas decisiones surgió en medio de la oficialización del presupuesto para 2025, que quedó fijado en $511 billones, una cifra menor a los $523 billones inicialmente proyectados.
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De acuerdo con el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro, los ajustes priorizan el servicio de la deuda, con $112,6 billones asignados, mientras que los rubros de funcionamiento e inversión —$327,9 billones y $82,5 billones respectivamente— sufrirán recortes.
La Fiscalía y la Contraloría parecen haber escapado a estos recortes, según fuentes oficiales. No obstante, el impacto de los ajustes ya se siente en los organismos de control afectados, que advierten sobre riesgos a su capacidad de cumplir con sus funciones de vigilancia y defensa de derechos fundamentales.