Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la judicialización de 17 personas, presuntamente vinculadas a una red de contrabando que operaba en la región Caribe.
Entre los procesados figuran seis miembros de la Policía Nacional y un empleado de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), quienes, según las autoridades, facilitaban el ingreso ilegal de mercancías al país.
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De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura criminal introducía al territorio colombiano productos como cigarrillos, licores, artículos de belleza y otros bienes, avaluados en más de 1.600 millones de pesos.
La mercancía ingresaba ilegalmente por Atlántico y La Guajira, y posteriormente era transportada en vehículos de carga y buses de servicio público hasta Antioquia, desde donde se distribuía al resto del país.
Durante la investigación, las autoridades obtuvieron audios que revelan cómo operaba la red. En uno de ellos, una persona identificada como alias ‘Gitano’ coordina con alias ‘Robín’ para garantizar el paso de la mercancía: ”Cualquier vaina que lo lleguen a parar, (dice) este es el de Gitano”, se escucha en el audio presentado por la Fiscalía.
El fiscal del caso indicó que, aunque la organización no tenía una jerarquía estricta, contaba con roles específicos que facilitaban la movilización y distribución de los productos de contrabando a nivel nacional.
Para el traslado de la mercancía, la organización contrataba camiones y buses de servicio público, lo que les permitía movilizar los productos sin levantar sospechas. Desde estas bodegas, los artículos eran distribuidos a otros municipios del departamento de Antioquia, ampliando así el alcance de sus operaciones.
El papel de los funcionarios públicos en esta red fue señalado como clave para su funcionamiento. Según detalló la Fiscalía, estos servidores asesoraban a la estructura delictiva y gestionaban documentación falsa que permitía que los cargamentos pasaran desapercibidos en los controles. Además, se descubrió que los implicados sobornaban a agentes de policía para evitar inspecciones en los puestos de control establecidos en las rutas de transporte.
Entre los detenidos están seis policías y un empleado de la Dian, quienes, según las investigaciones, no solo asesoraban las actividades ilegales, sino que también gestionaban la recuperación de mercancías incautadas mediante documentación falsa.
Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación del contrabando, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.
¿Qué dicen las autoridades?
En municipios clave como Mompox y Magangué, las autoridades de Bolívar han desplegado una serie de charlas y talleres dirigidos a comerciantes con el objetivo de promover la compra y venta de productos legales.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca combatir el contrabando en la región, una problemática que no solo afecta los recursos públicos, sino también la salud y el bienestar de los ciudadanos. Según informó la administración departamental, estas iniciativas educativas complementan los operativos de control que se han intensificado en todo el territorio.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, subrayó la importancia de estas medidas como parte de un esfuerzo continuo para garantizar la legalidad y proteger los recursos de los bolivarenses. “En Bolívar, los delincuentes no tienen cabida. No hay descanso para hacer cumplir la ley. En la temporada navideña vamos a continuar con los operativos en todo el territorio. El contrabando atenta contra los recursos de los bolivarenses”, afirmó Arana, según consignó la administración departamental.
Por su parte, el director de Ingresos de Bolívar, Gerardo Rodríguez, hizo un llamado tanto a comerciantes como a ciudadanos para que prioricen el consumo de productos legales. “No daremos tregua al contrabando. Invitamos a los comerciantes y ciudadanos a consumir productos legales, protegiendo su salud y apoyando el desarrollo económico de Bolívar”, señaló Rodríguez, según detalló la administración.
De acuerdo con las autoridades, el contrabando representa una amenaza significativa para la economía local, ya que afecta directamente los ingresos públicos que podrían destinarse a proyectos sociales y de infraestructura. Además, los productos ilegales, en muchos casos, no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.