El 13 de diciembre de 2024 es la fecha prevista para la implementación del nuevo modelo unificado del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como impuesto del 4x1.000 en Colombia, que es el cobro que se hace de $4 por cada $1.000 en transacciones bancarias. Dicho cambio permitirá a los usuarios hacer transacciones sin el cobro del impuesto, siempre que el total no supere el límite mensual de $16,4 millones.
Sin embargo, la medida enfrenta serios problemas operativos que podrían retrasar su entrada en vigor. El conflicto principal radica en la falta de acuerdo entre los proveedores tecnológicos TransUnion y Passport, encargados de desarrollar la infraestructura necesaria para consolidar la información de todas las transacciones financieras del país.
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TransUnion, que maneja el 95% de las transacciones bancarias en Colombia, y Passport, elegido por el sector cooperativo, según un informe de Valora Analitik, todavía no lograron un consenso sobre tarifas, acceso a datos y control, lo que amenaza con perjudicar tanto al sistema financiero como a los usuarios, a solo unos días de la fecha estipulada para que empiece a llevarse a cabo.
Sistema tecnológico robusto
Y es que el nuevo esquema del 4×1000, definido en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria), requiere un sistema tecnológico robusto para validar, compartir y reportar datos de manera efectiva a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin un sistema operativo funcional y validado, la medida no podrá entrar en vigor, según el decreto que regula esta iniciativa.
Por su parte, el sector cooperativo, representado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), manifestó su apoyo a Passport, destacando que ofrece una solución técnica y comercialmente adecuada.
A pesar de esto, TransUnion se niega a compartir información con Passport al alegar acuerdos de confidencialidad con los bancos, lo que genera un bloqueo en el flujo de datos necesario para el nuevo sistema.
Hasta ahora, la Dian no intervino como árbitro en este conflicto, lo que exacerbó la incertidumbre. De acuerdo con el medio, TransUnion afirma que ya cumplió con el cronograma técnico establecido y está por finalizar las pruebas y ajustes operacionales para entrar en producción cuando sea necesario.
Mientras tanto, los bancos confirmaron que ya están preparados para implementar la medida, aunque ninguno aseguró que esto comenzará a partir de la fecha prevista. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) tampoco quiere pronunciarse sobre la entrada en vigor de los cambios para el 4×1.000.
Consecuencias para los usuarios
El retraso en la implementación del nuevo modelo podría tener varias consecuencias. Los usuarios seguirán enfrentando las limitaciones del sistema actual, como la imposibilidad de consolidar cuentas y optimizar el uso de recursos financieros. Además, la falta de un sistema unificado podría traducirse en pérdidas para la Dian, debido a menores ingresos por evasión o errores en el recaudo del 4×1000, lo que afecta la capacidad del Gobierno para financiar programas esenciales.
Expertos del sector financiero consideran improbable que los proveedores lleguen a un acuerdo antes del 13 de diciembre. Una posible solución sería incluir un artículo en la ley de financiamiento presentada por el Gobierno que aplace o suspenda la entrada en vigor de esta medida, dando tiempo para resolver los problemas operativos y garantizar que el sistema funcione adecuadamente.
El nuevo modelo del 4×1000 unificado tiene el potencial de transformar positivamente el sistema financiero colombiano, pero su implementación está en riesgo por la falta de coordinación entre proveedores. El Gobierno, por medio de la Dian, debe asumir un rol proactivo para resolver este conflicto y evitar costos elevados para el país y los usuarios.