En la tarde del martes 10 de diciembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Consejería Presidencial para las Regiones intensificar las acciones de seguimiento y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la medida provisional de pico y placa ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados, impuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
Esta medida fue adoptada como respuesta a la creciente preocupación por el impacto ambiental generado por el exceso de tráfico vehicular en la zona, especialmente durante fines de semana y puentes festivos.
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A través de una carta enviada a la Consejería Presidencial, el Ministerio Público solicitó que se tomaran las acciones necesarias para garantizar la observancia de la medida y subrayó que las entidades responsables deben verificar el cumplimiento de las disposiciones judiciales, especialmente tras denuncias sobre la presencia de desechos dejados por turistas en la zona del parque.
Este llamado de atención surgió después de que medios locales informaran sobre la acumulación de basura, lo que ha aumentado la presión para reforzar las estrategias de conservación en la región.
La Procuraduría expresó que, en caso de incumplimiento por parte de las autoridades encargadas, será necesario adoptar un plan de acción y un cronograma para asegurar la conservación del parque que es considerado un sujeto especial de derechos según la normativa nacional.
La medida del Tribunal
El Tribunal Superior de Ibagué emitió su fallo el 24 de octubre de 2024, en el que ordenó varias medidas preventivas para proteger al parque ante la amenaza de la sobrecarga vehicular, dado que la carretera Murillo-Manizales, que atraviesa una zona amortiguadora del parque, ha sido un punto crítico debido al flujo incontrolado de vehículos, particularmente durante los fines de semana y los puentes festivos.
Esta situación generó un deterioro ambiental, agravado por la emisión de contaminantes como el CO₂ y otros particulados, lo que ha impulsado la necesidad de una intervención urgente.
Por lo tanto, con la medida de pico y placa se busca reducir el número de vehículos que ingresan a la zona, especialmente aquellos que no están autorizados para transitar por áreas sensibles del parque.
En ese sentido, el tribunal estableció un sistema de restricciones basadas en los dígitos de las placas de los vehículos, por lo que para los fines de semana, los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar de manera alternada, mientras que en el siguiente fin de semana solo se permitirá el ingreso de vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6, 8).
Esta rotación se aplicará también a los puentes festivos, con un esquema que se ajusta a la cantidad de vehículos en circulación.
Además, se excluye de la medida a los vehículos de carga liviana que transporten alimentos perecederos, así como a las ambulancias y otros vehículos de emergencia.
También se determinó que los vehículos oficiales de las entidades gubernamentales, tanto nacionales como locales, y los de transporte turístico que operan en la zona, estarán exentos de la restricción.
Impacto en la conservación del parque
El Parque Nacional Natural Los Nevados es una de las áreas protegidas más importantes de Colombia, tanto por su biodiversidad como por su función ecológica; sin embargo, su fragilidad frente al impacto del turismo desmedido ha sido una preocupación constante de las autoridades ambientales.
Por lo tanto, el Tribunal Superior de Ibagué también ordenó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las autoridades responsables, realicen un diagnóstico sobre los riesgos que enfrenta el parque debido a la pavimentación de la carretera que atraviesa su zona amortiguadora.
Este análisis deberá identificar las medidas necesarias para mitigar los efectos negativos del tráfico y proponer acciones para proteger el parque de futuros daños, pues la recomendación es realizar un seguimiento constante y definir cargas máximas de vehículos para preservar la integridad del ecosistema.
A nivel de gestión local, las autoridades de los departamentos de Tolima y Caldas, así como los concesionarios viales, deberán asumir su responsabilidad en la protección del parque, buscando mecanismos jurídicos que garanticen su conservación a largo plazo.