En la mañana del domingo 8 de diciembre el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la solicitud de la EPS Coosalud, que pidió una retractación del presidente de la República a propósito de las acusaciones de presunta corrupción por parte de la entidad, que habrían derivado en un millonario desfalco. El primer mandatario se negó a ceder en sus declaraciones y señaló que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias para develar toda la verdad.
“No tengo nada de que retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud, deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no. La ley no es para los de ruana”.
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Además, hizo un adelanto sobre otra acción que tomará al respecto y que dejaría mal parada a la EPS:
“Pediré que el estado sea víctima en este proceso penal e indicaré a la agencia jurídica del estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público”.
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Las presuntas irregularidades alrededor de Coosalud que denunció la Superintendencia de Salud
Según los hallazgos, se habrían desviado recursos públicos destinados a la atención médica para cubrir obligaciones financieras de una empresa privada, lo que pone en el centro del debate la transparencia en el uso de los fondos públicos del sector salud.
El caso comenzó a gestarse en diciembre de 2022, cuando Coosalud EPS asumió el rol de fiador en un contrato de crédito firmado entre Coosalud Inversa S.A.S., una empresa privada, y el Banco GNB Sudamérica S.A. La Superintendencia señaló que este hecho representa una irregularidad significativa, ya que los recursos públicos asignados a la atención en salud no deben ser utilizados para respaldar obligaciones de entidades privadas.
En noviembre de 2024, tras el incumplimiento del crédito, el banco activó una cláusula de aceleración para exigir el pago de la deuda, que ascendía a $221.000 millones, incluyendo capital e intereses. Solo dos días antes de que la Supersalud interviniera la EPS, $206.000 millones fueron transferidos desde un fideicomiso asociado a Coosalud EPS para cubrir la deuda.
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Conexiones cuestionadas entre las entidades
Un aspecto que ha generado alarma es el vínculo directo entre Coosalud EPS y Coosalud Inversa S.A.S., ya que ambas organizaciones están bajo la representación legal de Jaime González. Esta dualidad en el liderazgo levanta dudas sobre posibles conflictos de interés y manejo inadecuado de los recursos.
Ante estas irregularidades, la Superintendencia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a fondo el presunto uso indebido de recursos públicos.
La intervención de Coosalud EPS por parte de la Superintendencia se efectuó el 22 de noviembre de 2024, tras identificar fallas graves en el cumplimiento de sus obligaciones. Según el análisis realizado, solo el 6% de las actividades relacionadas con la atención de afiliados se cumplían a cabalidad, mientras que un 58% estaban en ejecución y el 36% restante no presentaba avances significativos.
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La resolución de la Supersalud indicó que Coosalud EPS no estaba garantizando aspectos esenciales del aseguramiento en salud, incluyendo la prestación oportuna de servicios, el suministro adecuado de medicamentos y el acceso integral a tecnologías de salud. Estas deficiencias afectaban a más de 3,2 millones de afiliados, lo que convierte a Coosalud en la quinta EPS más grande del país, después de Nueva EPS, Sanitas, Sura y Salud Total.
Declaraciones de las autoridades y la intervención
El superintendente Giovanny Rubiano calificó de indignantes los hallazgos y subrayó el impacto de la corrupción en la atención médica. “Cada peso que se desvía inadecuadamente es un servicio que no se presta, es una vida que se pierde”, declaró, enfatizando la necesidad de proteger los recursos públicos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la situación, expresando preocupación por la posible desviación de recursos públicos hacia cuentas privadas y paraísos fiscales. A través de su cuenta en X, señaló: “En la EPS Coosalud, los dueños se llevaron a sus cuentas familiares el dinero público de la salud”.
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La intervención, según Rubiano, tiene como objetivo administrar la EPS y garantizar la estabilidad en la atención de los usuarios, descartando una liquidación inmediata.