El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el hallazgo de los restos de Guillermo Elvencio Ruiz, un excomandante del grupo guerrillero M-19, que al parecer murió durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército Nacional el 6 de noviembre de 1985.
Los restos fueron encontrados en una fosa común en el Cementerio del Sur en Bogotá.
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La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con Medicina Legal, confirmó la identidad de Ruiz mediante análisis de ADN, según detalló Blu Radio. Este descubrimiento reabre el debate sobre los eventos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, un episodio que dejó profundas implicaciones históricas y políticas en el país.
En un mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó que los restos de Ruiz son una prueba en contra de la “historia oficial mentirosa” sobre la toma del Palacio.
“Para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa en la mente sobre la toma del Palacio, esos restos son una prueba total en contra. Guillermo Elvencio Ruiz fue secuestrado por la mafia de Pablo Escobar que ya había asesinado a 200 integrantes del M19 en Medellín. Desde allí, Escobar cambió a punta de muertos la configuración del movimiento obrero, estudiantil y popular de la ciudad”, escribió Petro en su cuenta oficial de X.
Además, Petro señaló que Ruiz fue secuestrado por la mafia de Pablo Escobar, quien ya había asesinado a doscientos integrantes del M-19 en Medellín. Según el mandatario, Escobar sometió a Ruiz a torturas antes de dejarlo amarrado e inconsciente cerca de Chía, donde fue capturado por el Ejército.
“Pablo Escobar no mató a Guillermo Elvencio porque le sorprendió en su alma de bandido, como podía Guillerno Elvencio, resistir fuerte, sin hablar, bajo las más terribles torturas que el mismo Pablo le propinaba. Pablo Escobar decidió dejarlo amarrado en costales, inconsciente, en un lugar cerca a Chía, donde el ejército lo capturó y lo llevó a la cárcel. Se cuenta que el mismo Pablo Escobar llamó a un comandante amigo, que pertenecía al ejército en Bogotá, quien realizó la captura sin contar la historia”, continuó afirmando el presidente Petro.
El hallazgo de los restos de Ruiz no solo revive las discusiones sobre el pasado violento de Colombia, sino que también pone en evidencia las complejas relaciones entre grupos armados y el narcotráfico en la década de 1980. La desaparición de Ruiz se enmarca en un contexto de violencia y represión que marcó una época oscura en la historia del país.
El presidente Petro hizo un llamado a la familia de Ruiz para recibir los restos y, en caso de no encontrarse, solicitó a los excombatientes del M-19 organizarse para darle sepultura. Este gesto busca cerrar un capítulo doloroso para muchos de los involucrados en el conflicto armado colombiano.
“Buscamos su familia para recibir los restos del que, hasta ayer, estaba aún desaparecido. Sino se encuentran, le solicito a los excombatientes del M19 organizarse para darle sepultura al que fue fiel a su consigna ¡Vencer o morir!”, finalizó Gustavo Petro.
El Estado colombiano admite su rol en el asesinato de Carlos Pizarro ante la Cidh
En una audiencia pública celebrada en Washington, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del grupo guerrillero M-19 y excandidato presidencial. Este reconocimiento se produjo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), 34 años después del crimen ocurrido el 26 de abril de 1990, cuando Pizarro fue asesinado a bordo de un avión durante su campaña electoral.
Durante la audiencia, se presentaron testimonios de familiares de Pizarro, incluyendo a su hija, la senadora María José Pizarro, y a Laura García, madre de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y expareja del fallecido. Ambas relataron los eventos que llevaron al asesinato del exguerrillero, quien había firmado un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1990, dejando atrás su vida armada para incursionar en la política.
El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Adje), César Palomino Cortés, admitió la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de Pizarro, calificando el acto como una ejecución extrajudicial. Según las investigaciones, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estuvieron involucrados en la planificación, facilitación, ejecución y encubrimiento de asesinatos selectivos, incluyendo el de Pizarro.
Este reconocimiento por parte del Estado colombiano ante la CIDH representa un paso significativo en el proceso de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La audiencia en Washington se convierte en un escenario crucial para abordar las responsabilidades del Estado en crímenes del pasado y avanzar hacia la reconciliación.