El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, anunció que el Gobierno colombiano está trabajando en la creación de un espacio de diálogo entre las disidencias lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y los Comandos de Frontera, dos grupos armados ilegales en confrontación en los departamentos de Putumayo y Caquetá. Según el funcionario, esta iniciativa busca reducir la violencia y proteger a las comunidades afectadas por la disputa territorial en estas regiones.
En declaraciones recientes, Patiño explicó que la mediación tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población civil y desescalar las tensiones en el área: “El tema de lo que está ocurriendo en Putumayo es crítico, pues hay una confrontación con graves problemas para la población civil entre dos actores que están conversando con nosotros. Con algunos hay una mesa de negociación, como es el caso del grupo de ‘Calarcá', y con otros aún no se ha instalado, pero de todas maneras son actores con los cuales estamos dialogando”.
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El comisionado enfatizó en que el Gobierno estará presente durante las reuniones para garantizar que estos encuentros no deriven en acuerdos que fortalezcan las estructuras armadas: “Vamos a facilitar esa reunión, pero con la presencia nuestra, para que no sea una reunión simplemente para unir fuerzas, sino totalmente para generar espacios de distensión y respeto a la población civil, que es lo que efectivamente más nos interesa”.
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Esta intervención también se orientó en abordar las denuncias relacionadas con el control que los grupos armados ejercen sobre las comunidades locales. El comisionado mencionó que estos controles limitaron la autonomía de las organizaciones sociales, una situación que la administración gubernamental pretende cambiar. “El desescalamiento del conflicto incluye la liberación de las comunidades de este dominio”, destacó.
Además del impacto en las comunidades, Patiño señaló problemas relacionados con el manejo territorial por parte de estos grupos armados, incluyendo la deforestación en la región amazónica. Este fenómeno provocó preocupación en las organizaciones campesinas y ambientales, que participan activamente en los diálogos sobre el tema. Según el comisionado, “ha habido transformaciones en los territorios controlados por estas estructuras armadas, pero dos aspectos son complicados: uno, la deforestación, y el otro, el dominio sobre las organizaciones sociales”.
El Estado busca gestionar estas problemáticas a través de una aproximación integral que permita avances en los procesos de paz y en la protección del medio ambiente. En ese sentido, Patiño destacó la importancia de construir estrategias sostenibles que involucren tanto a las comunidades como a las autoridades locales.
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Según Patiño, los avances en la mesa de negociación con las disidencias de alias Calarcá permitieron evaluar los compromisos de “desescalamiento” del conflicto en ciertos territorios; sin embargo, la persistencia de enfrentamientos entre estas facciones y los Comandos de Frontera ha limitado los progresos. El Gobierno espera que la reunión facilitada por su mediación contribuya a generar condiciones para una tregua que beneficie a las comunidades.
Alias Calarcá advirtió que tomara represarías contra quienes deforesten en la Amazonía y la Orinoquía
El jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, declaró la prohibición de la tala de bosques en las zonas bajo el control del grupo armado en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía. La medida, según explicó, busca frenar los daños ambientales observados en el oriente colombiano.
En diálogo con el diario El Espectador, alias Calarcá aseguró que la orden responde a la falta de acatamiento de instrucciones previas para proteger los recursos naturales. “Nos oponemos a la tala de bosques. Llevamos tres años dando esa orientación, pero hay quienes no la han acatado y nos tocó tomar una medida: les vamos a recoger la tierra a aquellos que tumbaron 2, 10, 20 o más hectáreas sin necesidad”, explicó, al señalar que incluso las áreas deforestadas hace un año y usadas para pastoreo serán objeto de control.
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El líder guerrillero afirmó que investigarán a los responsables de la deforestación para tomar el control de sus terrenos y entregarlos a campesinos locales. Asimismo, indicó que se establecerán límites para la ganadería y se fomentará la producción de cultivos como yuca, plátano, maíz y caña para garantizar la sostenibilidad alimentaria en la región.
Alias Calarcá destacó que la regulación de la tala de bosques fue históricamente liderada por las extintas Farc y aseguró que las disidencias han retomado esta labor ante la inacción estatal. “Los gobiernos de turno nunca han podido controlar eso, nosotros sí. Y lo estamos haciendo. Las Farc le he mos venido haciendo el trabajo al Gobierno”, afirmó.
Por último, negó que su organización esté vinculada a la deforestación como método de financiación y cuestionó las sanciones actuales frente al impacto ambiental causado por esta actividad: “Acá lo que hemos visto es que hay campesinos que ya tenían hasta 600 hectáreas en pasto y se pusieron a tumbar otras 400 para meter más vacas, y eso no puede pasar”.
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