Durante el tercer debate de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz y senador actual, se refirió con contundencia a las recientes declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ramelli señaló que los casos no procesados dentro del tiempo establecido por la jurisdicción serían transferidos a la justicia ordinaria, lo que podría implicar sanciones severas, incluida la cárcel.
De la Calle calificó como preocupantes estas afirmaciones, argumentando que la JEP, en sus ocho años de existencia, ha generado altos costos para el país y no ha cumplido cabalmente con su mandato.
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“Esa expresión de que, si no se resuelve por parte del aparato que tiene entre manos, volverá a la justicia ordinaria y que estos señores se van para la cárcel, es enormemente grave y genera también una presión sobre el propio Estado colombiano. Seguramente, no descartemos la hipótesis de ampliar el término de la JEP, cosa que me parece absolutamente nefasta”, manifestó.
Además, criticó la reapertura de múltiples casos ya cerrados y lamentó la falta de avances en la concesión de amnistías para guerrilleros rasos, lo que considera un desvío del propósito inicial de la jurisdicción transicional.
La JEP respondió a las críticas a través de su cuenta oficial en X, asegurando que su trabajo está alineado con lo pactado en el Acuerdo de Paz. En un comunicado, destacaron que “la JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”.
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El tribunal insistió en que aquellos que han aportado de manera significativa al esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas verán sus casos concluidos conforme a lo acordado en 2016, y añadió que esto representa un avance hacia la consolidación de la paz.
Por otra parte, De la Calle también expresó su descontento con la posibilidad de ampliar el plazo de funcionamiento de la JEP, considerando que esta medida sería innecesaria y perjudicial para el país.
En su intervención, insistió en la necesidad de que la justicia transicional cierre sus procesos en los tiempos previstos para evitar más costos económicos y sociales.