El sector de la construcción de vivienda en Bogotá atraviesa un momento complejo. Aunque en 2024 hubo un respiro con la recuperación de indicadores que venían en declive desde hace dos años, la incertidumbre generada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) decretado en 2021 durante la administración de Claudia López amenaza con frenar ese avance. Así lo advirtió Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, al analizar el impacto de la normativa en el licenciamiento de proyectos habitacionales.
Antes de la implementación del POT 555, el sector vivió un auge en la aprobación de licencias de construcción, alcanzando cifras históricas de 58.000 unidades anuales en Bogotá. Este “colchón” permitió mantener un flujo constante de proyectos y garantizar una oferta significativa de vivienda nueva en la ciudad. Sin embargo, según Chirivi, este escenario comenzó a cambiar drásticamente tras la entrada en vigor del nuevo POT.
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“En el último año, solo se han aprobado 14.244 unidades de vivienda bajo la norma actual, lo que refleja un descenso crítico en el nivel de licenciamiento”, señaló el dirigente gremial. Además, resaltó que mientras una ciudad como Bogotá requiere al menos 70.000 unidades nuevas cada año, las cifras actuales están muy lejos de satisfacer esa demanda.
De no tomarse medidas inmediatas, el panorama para 2025 podría ser desalentador. Chirivi alertó que el “colchón” de licencias obtenidas antes del POT 555 podría agotarse en el primer semestre del 2025, dejando a la ciudad con menos de 8.000 unidades anuales licenciadas. Esto podría paralizar el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda, aumentando el déficit habitacional en una ciudad que ya enfrenta retos en este ámbito.
Las dificultades para aplicar el POT actual tienen diversas causas. Según Chirivi, “es crucial avanzar en la reglamentación del POT, incluyendo las actuaciones estratégicas y los incentivos necesarios para compensar las altas cargas urbanísticas”. Sin estos ajustes, los proyectos continúan enfrentando barreras que desalientan la inversión y la construcción. El dirigente también hizo un llamado al Distrito para priorizar la reactivación del sector mediante medidas concretas que reduzcan los costos y riesgos asociados al licenciamiento de nuevos desarrollos.
El mensaje del gremio es claro: Bogotá necesita una estrategia urgente para revitalizar la construcción de vivienda como parte del POT 555. Esto no solo evitaría que la ciudad quede sin nuevos proyectos, también contribuiría a estabilizar el mercado inmobiliario y a generar empleo, factores clave para la economía local.
“Si no logramos reactivar el licenciamiento, nos enfrentamos a un escenario en el que no habrá suficientes proyectos para atender las necesidades de vivienda de los bogotanos”, señaló Chirivi, que insistió en la importancia de acelerar los cambios normativos para garantizar un desarrollo sostenible del sector.
A pesar de los esfuerzos por mantener la actividad en el sector, el desplome en las aprobaciones de licencias bajo el POT actual plantea una encrucijada para la ciudad. Mientras los constructores esperan señales claras del Distrito, el déficit de vivienda amenaza con convertirse en una crisis más amplia que afectaría tanto a los habitantes como a la economía de Bogotá.
¿Y la economía?
El sector de la construcción, que representa una importante fuente de empleo y dinamismo económico, enfrenta riesgos de desaceleración. Según expertos, el desplome en las aprobaciones de licencias podría paralizar el desarrollo de nuevos proyectos en 2025, impactando negativamente a los constructores, proveedores y miles de trabajadores que dependen de esta industria.
Además, el déficit de oferta habitacional elevaría los precios de la vivienda, afectando la accesibilidad para las familias bogotanas y presionando el mercado inmobiliario. Esto podría generar un aumento en la informalidad en las construcciones y un deterioro en la calidad de vida. La falta de proyectos también podría limitar el recaudo tributario del Distrito, reduciendo los ingresos provenientes de impuestos y contribuciones asociados al sector, afectando la financiación de otros servicios públicos esenciales.