Con una carta dirigida a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el abogado Héctor Carvajal, que representa al presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el lunes 2 de diciembre de 2024 que no responderán a los cargos formulados por parte del organismo rector, que dispuso que tanto el jefe de Estado, en su calidad de candidato a la presidencia, como los demás miembros de la campaña, como su gerente, Ricardo Roa, debían afrontar una investigación por presunta violación de los topes de la campaña.
De acuerdo con el abogado Carvajal, el tribunal en mención carece de competencias para investigar al primer mandatario, al que se le acusó, con base en la ponencia de los togados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Partido Liberal y el Centro Democrático, de una violación de los límites dispuestos para la campaña por 5.355 millones de pesos. Lo anterior, tras comprobarse, según los magistrados, de las series de actividades y gastos de la aspiración presidencial, como actividades aéreas, gastos de publicidad y de testigos.
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“No se responderán los cargos formulados al señor presidente de la República, por cuanto la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del señor presidente de la República, al debido proceso, al juez natural, al fuero especial constitucional, a las reglas del precedente constitucional contenido en las sentencias C-1153 de 2005 y SU-431 de 2015, dirigidas a las reglas de competencia”, se leyó en la argumentación, filtrado a la prensa, en el que se pone en ejercicio la “operatividad de la caducidad administrativa”.
Los argumentos del abogado de Gustavo Petro para desconocer la formulación de cargos del CNE
Del mismo modo, según Carvajal, también se violó el fuero del que goza Petro, como ganador de los comicios del 19 de junio de 2022, y “todo lo cual atenta contra la estabilidad institucional de la Nación y de la figura del presidente de la República como máxima autoridad administrativa”. Esta respuesta, como era de esperarse, causó a su vez duras reacciones en relación con la forma en la que se estaría desconociendo lo determinado por el Consejo de Estado, que validó la competencia del tribunal electoral.
En el documento, de 10 páginas, el letrado, que sonó para ser candidato a procurador General de la Nación por parte del primer mandatario, pero que finalmente no resultó escogido, para darle prioridad al exsecretario general del Senado Gregorio Eljach Pacheco, especificó que la determinación tomada por el Consejo de Estado atribuye a una corporación del orden administrativo de menor jerarquía institucional, como en su argumentación es el CNE, “la investigación con la posibilidad de sancionarlo pecuniariamente”.
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El abogado del jefe de Estado, que insistió que el único ente competente para investigarlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, “una vez se resuelva el asunto que nos ocupa por quien tenga la competencia constitucional y legal para resolverlo, lo mismo que en el orden jurídico internacional”, el presidente de la República acatará las decisiones que se profieran conforme al ordenamiento jurídico nacional y los tratados internaciones suscritos y aprobado por el Estado Colombiano.
Otro de los argumentos es que, superados los 30 días desde la contienda electoral en la que resultó elegido Petro, es decir, el 19 de junio de 2022, el Consejo Nacional Electoral perdió la competencia para recibir denuncias por aparente violación de los topes de financiación. Lo anterior, pese a que los entes de control fiscal y disciplinario sí conservan las facultades para vigilar el óptimo manejo de los recursos estatales, toda vez que están en juego montos por reposición de votos.