La práctica de procedimientos estéticos en lugares no autorizados sigue cobrando vidas, lo que tiene preocupadas a las autoridades de Medellín.
El 30 noviembre de 2024 se reportó la muerte de Lina Marcela Ospina, una mujer de 40 años que se sometió a una liposucción en su casa, realizada por una amiga sin la debida capacitación. El procedimiento tuvo lugar en el barrio Aranjuez, y la víctima llegó sin signos vitales a la Clínica León XIII, donde su deceso fue registrado a las 10:50 de la noche. Las complicaciones de salud en la mujer se habrían dado una vez suministrada la anestesia. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía sigue recavando información.
Ospina trabajaba en estética para mujeres, siendo el arreglo de cejas y el maquillaje sus especialidades.
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Este caso es parte de un preocupante patrón en Antioquia, donde al menos catorce mujeres han fallecido por someterse a cirugías clandestinas, según reportes recientes. Además, hasta octubre de 2024, se registraron 125 complicaciones derivadas de procedimientos estéticos, lo que subraya la gravedad del problema.
Para enfrentar esta crisis, la Secretaría de Salud de Antioquia ha intensificado los controles, cerrando ocho establecimientos de cirugías estéticas que operaban con irregularidades. Asimismo, se planea implementar un “bloque de búsqueda” en conjunto con la Alcaldía de Medellín para identificar y desarticular estos puntos clandestinos.
Un caso emblemático fue el de Ada Evelyn Ardilla Pérez, de 38 años, quien falleció durante una cirugía estética realizada en un apartamento de la comuna 10, La Candelaria. Según testigos, los supuestos médicos abandonaron el lugar dejando a la paciente sola durante el procedimiento, lo que resultó en un desenlace fatal.
Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que eviten acudir a lugares no certificados, destacando los riesgos para la vida y la salud que implican estas prácticas. La recomendación es siempre buscar profesionales capacitados y clínicas con licencias oficiales.
Otros casos que conmovieron a Antioquia
La muerte de Xiomara Agudelo, una joven de 25 años que falleció tras someterse a una liposucción en un centro estético de San Rafael, Antioquia, evidencia una crisis preocupante en torno a las cirugías estéticas en lugares con condiciones inadecuadas. Este incidente, ocurrido el 17 de noviembre de 2024, es solo uno de varios casos recientes que han generado alarma en la región.
Xiomara, quien solía trasladarse desde Medellín hasta San Rafael para realizarse este tipo de procedimientos, sufrió complicaciones graves durante la operación. Una perforación intestinal ocasionó una infección severa, acompañada de síntomas como fiebre alta, náuseas intensas y una alarmante palidez. A pesar de haber sido trasladada a una clínica local, falleció tras varios días de hospitalización.
Familiares de Xiomara señalaron que, antes de agravarse, la joven había comunicado sus malestares al personal del centro estético, pero estos los calificaron como “normales”. Este acto de negligencia es particularmente grave, ya que se ha revelado que el establecimiento cuenta con un historial preocupante: las autoridades han recibido más de veinte denuncias en su contra por operar en condiciones irregulares.
El fallecimiento de Xiomara no es un hecho aislado. Apenas semanas antes, en octubre de 2024, Ada Evelin, de 38 años, murió tras someterse a una liposucción en un supuesto consultorio estético en Medellín. Durante el procedimiento, la mujer comenzó a convulsionar, lo que alertó a su sobrina, quien la acompañaba. Sin embargo, en lugar de prestar auxilio, los presuntos profesionales abandonaron el lugar, dejando a la paciente en estado crítico.
Pese a la rápida llegada de una ambulancia, Ada falleció antes de recibir atención adecuada. Este caso, al igual que el de Xiomara, pone de manifiesto la falta de controles efectivos sobre los establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos.
Estos casos resaltan la importancia de la prevención y la educación. La ciudadanía debe priorizar su seguridad, verificando que los establecimientos estén certificados y que los procedimientos sean realizados por profesionales cualificados. A su vez, las autoridades deben reforzar las inspecciones, aplicar sanciones contundentes y garantizar que los pacientes tengan acceso a información clara sobre los riesgos.
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