Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), destacó la incertidumbre que rodea la educación superior en Colombia, especialmente por la problemática asociada a los créditos del Icetex. Esta situación genera un impacto considerable, afectando a más de 140.000 estudiantes y preocupando tanto a instituciones educativas como a las familias.
El Ministerio de Educación, en un intento por calmar la situación, anunció la apertura de una convocatoria para honrar los compromisos financieros de los estudiantes con el Icetex. Aunque esta decisión trajo un aire de optimismo, también generó dudas sobre cómo se garantizarían las renovaciones y los giros necesarios para cubrir las necesidades de los beneficiarios.
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Domínguez señaló en entrevista con Blu Radio que, aunque las medidas recientes eran positivas, el tema carece de una documentación detallada que ayudara a comprender el alcance de las acciones gubernamentales. En sus palabras, “el tema es favorable. Hay que decir también que sobre esto hay muy pocas cosas documentadas. Creo que han sido, precisamente, los medios de comunicación los que han ilustrado a la sociedad respecto de lo que está pasando”.
Además, valoró como un avance la comunicación del viceministro de Educación, que aseguró que las renovaciones de los créditos comenzarían el 28 de noviembre y que los giros ya están en proceso. “De todas formas, vemos muy en positivo lo que pasó ayer en la junta directiva del Icetex, el comunicado que el señor viceministro de la Educación emitió diciendo que las renovaciones de créditos arrancan el 28 de noviembre y la garantía de los giros que ya están sucediendo en este momento”.
La preocupación de las instituciones educativas sobre la situación de los créditos de Icetex radicó principalmente en la falta de documentación oficial que respaldara las decisiones anunciadas por el Gobierno. Este vacío generó incertidumbre en el sector, ya que no contaban con bases claras para evaluar cómo se implementaría lo prometido. Según lo expresado por Óscar Domínguez, esta falta de claridad complicó la confianza en los planes expuestos.
“Los documentos escritos terminan siendo muy pocos. Todo ha sido mediático y esa es una inquietud que tenemos, porque las instituciones se mueven sobre la base de los documentos. Por eso nosotros hemos tenido la intención de escribir para poder recibir de la misma manera respuestas escritas a estos planes de respuesta (...) Hay que materializarlo, hay un compromiso que surge después de una juiciosa reunión de la junta directiva, pero hay cosas por resolver”, enfatizó Domínguez.
En este sentido, resaltó la necesidad de contar con respuestas concretas y formales que permitieran a las instituciones tomar decisiones informadas sobre cómo manejar la situación de los estudiantes afectados. La incertidumbre no solo afecta a las universidades, también a las familias que dependen de estas ayudas para continuar con sus estudios.
El impacto financiero derivado de esta problemática representó un desafío de grandes proporciones para el sistema educativo del país. Según explicó Domínguez, el Gobierno nacional tenía inicialmente una deuda de 400.000 millones de pesos con el Icetex, un monto correspondiente a diversos conceptos relacionados con créditos educativos otorgados a miles de estudiantes. Este déficit financiero ya suponía una carga significativa para la entidad y para las instituciones educativas que dependen de su funcionamiento para garantizar el acceso a la educación superior de numerosos jóvenes en Colombia.
Sin embargo, la situación resultó aún más compleja tras la reevaluación de las necesidades presupuestales proyectadas. Domínguez detalló que, para el año 2025, se estimaba que el monto necesario para asegurar la renovación de los créditos educativos ascendería a 1.4 billones de pesos, una cifra que casi cuadruplicaba la deuda inicial.