En medio de las investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Camila Sarabia, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación para expresar su disposición a rendir declaración bajo juramento. Este gesto, al parecer, busca dar celeridad y claridad a un proceso que ha generado amplias repercusiones en la opinión pública y en la política nacional.
En la carta, con fecha del 25 de noviembre de 2024, Sarabia expresó que fue su “norma de conducta priorizar y comparecer a los entes judiciales y de control a rendir mi testimonio sobre lo que corresponda”. Este mensaje, dirigido a varios fiscales, buscaba reafirmar su compromiso de colaborar con la justicia por las investigaciones correspondientes contra el mandatario y otros líderes que hicieron parte de la campaña presidencial de la coalición del Pacto Histórico.
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Destacó su disposición plena para colaborar con el esclarecimiento de los hechos y señaló que en el transcurso del día su abogado se comunicará nuevamente con la Fiscalía para coordinar una fecha y hora para su declaración. Asimismo, reiteró que el ente investigador contará con su “entera disposición”.
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Este pronunciamiento cobra relevancia en el contexto de una investigación que no solo abarca a la directora del Dapre, sino al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti. Este último anunció recientemente su renuncia al cargo y también deberá rendir testimonio ante la Fiscalía, lo que intensifica el escrutinio sobre el manejo de recursos en la campaña presidencial.
¿De qué se trata la investigación en contra del mandatario?
La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 es objeto de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación y el gasto, donde se argumenta que se habrían violado los límites legales establecidos. Según los hallazgos del CNE, durante la primera vuelta de la elección, se registraron varias irregularidades significativas.
En primer lugar, se identificó que la campaña de Petro no reportó un aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Aunque la campaña sostiene que este aporte fue realizado por el movimiento Colombia Humana, los investigadores encontraron un acta del sindicato que confirma que el aporte fue aprobado como apoyo económico a la campaña.
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Se omitieron gastos por más de 1.200 millones de pesos relacionados con vuelos privados y el uso de un helicóptero, facturas que fueron manejadas de manera irregular. Asimismo, la campaña no reportó un aporte de 121 millones de pesos en efectivo por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), entregado justo antes de la primera vuelta para gastos operativos el día de las elecciones.
En la segunda vuelta, las irregularidades continuaron. Por ejemplo, —de acuerdo con una investigación del periodista Daniel Coronell— el costo reportado para el alquiler del Movistar Arena fue de 150 millones de pesos, pero el verdadero costo fue de 250 millones. Solo se contabilizó una parte, omitiendo los 100 millones restantes.
Nuevamente, la campaña omitió pagos por 177 millones de pesos relacionados con testigos electorales durante la segunda vuelta y más de 960 millones de pesos en vuelos privados que no fueron incluidos en la contabilidad oficial. Además, no se reportó un aporte de más de 530 millones de pesos para la alimentación y transporte de testigos el día de la segunda vuelta, así como otros aportes de la USO que suman más de 379 millones de pesos, destinados al pago de testigos electorales.
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El CNE señaló que la campaña de Gustavo Petro sobrepasó los topes legales de gasto en más de 5.300 millones de pesos y recibió aportes de personas jurídicas, lo que contraviene las normas electorales que permiten solo donaciones de personas naturales.
El presidente Petro ha negado en repetidas ocasiones cualquier implicación y denunció públicamente que estas diligencias podrían formar parte de un intento de desestabilización política. Según el mandatario, estas investigaciones representarían un “golpe de Estado” en su contra. Además, cuestionó la competencia del CNE en el caso, bajo el argumento de que la pérdida de investidura solo puede ser decidida por el Congreso.