Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, el país destinó más de 88 billones de pesos a su implementación. Sin embargo, los resultados dejaron un sabor agridulce. La Contraloría General de la República reveló que, a pesar de esta inversión, el impacto en los territorios más afectados por el conflicto es desigual y está lejos de cumplir las expectativas iniciales.
La falta de coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar los puntos del acuerdo es uno de los problemas más graves. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, claves en la Reforma Rural Integral, operaron de manera fragmentada, lo que derivó en la duplicación de esfuerzos y un uso ineficiente de los recursos.
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Según la Contraloría, solo se entregaron 18.000 hectáreas de las tres millones prometidas a los campesinos, y apenas el 2% de las tierras registradas en el Fondo de Tierras fue caracterizado. Este fondo acumula 2.425.404 hectáreas, pero la falta de avances significativos pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir con una de las promesas centrales del acuerdo.
El control fiscal es una tarea crucial en este proceso. Desde 2018, la Contraloría realizó 142 diligencias en las que identificó 511 irregularidades, 102 de ellas con impacto fiscal, por un total de 141.000 millones de pesos. Estas anomalías incluyen proyectos mal formulados y falta de coherencia con los objetivos del acuerdo, lo que obstaculizó la transformación de los territorios. El Sistema General de Regalías, que aporta más de 15 billones de pesos al acuerdo, también enfrenta problemas. De los 8,2 billones invertidos a través del fondo Ocad Paz, se detectaron irregularidades por 522.268 millones de pesos.
El Mecanismo de Obras por Impuestos, creado para financiar proyectos sociales en zonas afectadas por el conflicto, aprobó 361 proyectos por un valor de 2,5 billones de pesos hasta junio de 2024. Sin embargo, estos recursos están concentrados en 124 municipios, lo que representa apenas una fracción de los 26 departamentos que deberían beneficiarse.
El 73% del presupuesto asignado al acuerdo fue destinado a la Reforma Rural Integral, un pilar fundamental para garantizar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales. A pesar de los recursos invertidos, los avances en este frente son mínimos, evidenciando la necesidad de una mejor planificación y articulación interinstitucional.
Entre 2017 y 2024 se destinaron 3,6 billones de pesos para apoyar el proceso de desarme y reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Un componente central de este esfuerzo es el desarrollo de proyectos productivos, diseñados para promover la sostenibilidad económica de quienes dejaron las armas. Estos proyectos se dividen en dos categorías principales: individuales y colectivos.
En el caso de los proyectos individuales, se aprobaron hasta la fecha 5.749 iniciativas, con una inversión total de 55.073 millones de pesos. Estas iniciativas beneficiaron a 6.892 firmantes del acuerdo, brindándoles oportunidades para integrarse económicamente a la sociedad. Por el contrario, los proyectos colectivos enfrentaron un desarrollo más complicado.
Hasta la fecha, se aprobaron 128 proyectos colectivos, que representan una inversión de 47.357 millones de pesos. Sin embargo, muchos de ellos cesaron sus operaciones debido a diversos obstáculos. Entre las principales causas se encuentran problemas de seguridad en las zonas donde se implementan, dificultades comerciales para posicionar los productos, fenómenos climáticos adversos que afectan las actividades productivas, además de desafíos administrativos y financieros.
Además, la Contraloría destacó que las inversiones realizadas no logran impactar de manera uniforme a las comunidades. Muchas zonas que sufrieron las consecuencias más graves del conflicto armado continúan esperando el desarrollo prometido. A ocho años de la firma del acuerdo de paz, Colombia enfrenta el reto de acelerar la ejecución de los compromisos asumidos. La falta de avances significativos en áreas críticas, como la Reforma Rural Integral, y las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos señalan la necesidad de un cambio en el enfoque y una mayor transparencia en la implementación.
Mientras el reloj avanza hacia el final del periodo de implementación, el desafío es claro: garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y cumplir con la promesa de construir una paz duradera en los territorios que más sufrieron las consecuencias del conflicto.
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