Desde el fin del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hace ya cien días, se han registrado 16 ataques contra la fuerza pública, 27 atentados contra la infraestructura petrolera y 10 paros armados en diferentes regiones del país, de acuerdo con cifras de las autoridades. Esta escalada de violencia ha generado un clima de inseguridad y temor entre la población civil, que se ve atrapada en medio del conflicto.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, calificó la situación como “absurda”, señalando que el ELN no puede hablar de paz mientras continúa atentando contra la población civil. Patiño, exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), manifestó que los diálogos de paz con el ELN se han convertido en un escenario de violencia, en lugar de avanzar hacia una solución pacífica.
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El departamento de Chocó, por ejemplo, enfrenta actualmente una situación crítica debido a un paro armado impuesto por el ELN, que ha dejado a cerca de 50.000 personas confinadas. Este paro, que ya lleva tres días, es el tercero que el grupo armado ilegal realiza en la región. Los bloqueos en los ríos Cajón, Sipí y San Juan han agravado la situación, dejando a las comunidades sin acceso a alimentos ni medicinas.
A pesar de los recientes acercamientos entre las delegaciones, las conversaciones de paz no han logrado avances significativos. Se espera que un nuevo ciclo de diálogos comience el 19 de noviembre, no obstante, persisten dudas sobre la verdadera intención del ELN de alcanzar un acuerdo de paz. De acuerdo con algunos expertos, el paro armado en el Chocó es una estrategia del Ejército de Liberación Nacional para presionar al Gobierno.
Mientras tanto, la defensora del pueblo exigió respeto por la comunidad civil, que se encuentra en medio de esta confrontación. La situación en el Chocó se ha vuelto repetitiva, según los habitantes, quienes han hecho un llamado al Gobierno nacional para que intervenga en las negociaciones con el ELN y otros grupos armados.
ELN enfrenta desafíos internos durante el cese al fuego
La fragmentación interna del Ejército de Liberación Nacional se ha convertido en un obstáculo significativo para el proceso de paz en Colombia. Durante el cese al fuego bilateral acordado con el Gobierno, que comenzó el 3 de agosto de 2023 y terminó la misma fecha de 2024, se han evidenciado tensiones dentro de la organización guerrillera. Según informes, el frente Comuneros del Sur se separó del ELN para unirse a una iniciativa de diálogo regional promovida por el Gobierno nacional y la Gobernación de Nariño.
El acuerdo de cese al fuego, aunque ha reducido la confrontación directa entre el ELN y la Fuerza pública, no ha logrado detener las afectaciones humanitarias en las comunidades. En varias regiones, los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados por el control de economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, han intensificado la violencia. Las comunidades han experimentado un aumento en amenazas, desplazamientos, secuestros y asesinatos selectivos, lo que ha complicado aún más el panorama de seguridad.
La estructura descentralizada del ELN y la autonomía operativa de sus frentes de guerra han limitado la capacidad del Comando Central (COCE) para alinear la conducta de sus miembros. Esta falta de cohesión ha permitido que cada frente actúe según sus propios intereses, recurriendo a métodos violentos para alcanzar objetivos específicos, tanto territoriales como económicos. Durante el cese al fuego, esta autonomía se ha traducido en la continuación de las agresiones contra la población civil, evidenciando la insuficiencia de los mecanismos de verificación y control.