En Bogotá se instalarían 80 nuevas cámaras fotomultas. Así está establecido en el proyecto del Presupuesto Distrital de 2025 radicado por la Alcaldía de Bogotá. En este documento se puede leer que, “para el año 2025, se realiza la proyección con la entrada en operación prevista de ochenta nuevas cámaras de detección electrónica de infracciones, y para los años siguientes se realiza la proyección de acuerdo con los supuestos macroeconómicos vigentes (IPC) y asumiendo un incremento en la imposición por la instalación de nuevas cámaras”.
Esta decisión ha generado polémica entre los concejales. En medio de su intervención en el salón de sesiones, el cabildante Humberto Amín cuestionó esta decisión argumentando que la alcaldía solo estaría buscando recursos para mejorar la economía de la ciudad: ¿Es esta una estrategia para mejorar la seguridad vial o una herramienta para aumentar los ingresos del Distrito?, preguntó el concejal.
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El político que milita en el Centro Democrático propuso que el dinero que se destinará para este proyecto podría ir dirigido a otras estrategias que ayuden a la ciudad avanzar y que, en vez de instalar todas las cámaras, se establezcan estudios que determinen donde sí deben estar o no en las calles de la ciudad.
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Según se puede leer en la exposición de motivos publicada por la Dirección Distrital de Presupuesto, se realizó un estudio entre el 2022 y mayo del 2024 para establecer la proyección de multas por infracciones de tránsito. Sin embargo, estas prácticas, según Amín, son solo con el fin de registrar más entradas de dinero.
En su intervención, el concejal cuestionó al alcalde Galán preguntándole si realmente consideraba que el objetivo era reducir accidentes: “¿Alcalde Carlos Fernando Galán, está usted de acuerdo con implementar estas nuevas cámaras sin que sea claro y demostrado el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de los ciudadanos?, ¿Es prioritario recaudar más a costa de los bogotanos sin asegurar una mejora en la seguridad vial?”.
También afirmó que considera imperativo revisar la procedencia de los recursos para las cámaras, que bien podrían ser dirigidos en otros proyectos viales: “Es preciso que revisemos la procedencia de esos nuevos recursos para cámaras de detección electrónica de infracciones, porque ya comprobé con cifras que no salvan vidas y tampoco la ciudadanía ve la inversión de esos recursos que en teoría debían ser gastados en ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en planes de tránsito, transporte y movilidad, en educación, en combustible, en seguridad vial, o en transporte motorizado”.
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El cabildante también realizó una publicación en la que aseguró que las cámaras solo servirían para recaudar dinero: “Van a instalar 80 nuevas cámaras de fotomultas. Así lo contempla el Proyecto de Presupuesto de 2025. NO son para salvar vidas, son para seguir recaudando”.
También aprovechó para llamar la atención del alcalde Galán y solicitar que se hicieran estudios en pro de la ciudadanía y no del bolsillo de Bogotá: “le solicito respetuosamente hacer primero estudios de velocidad en vías principales. Esto es injusto”, escribió vía X.
En 2019, cuando empezaron a funcionar las cámaras luego de que se expidiera el decreto 2106, en Bogotá se instalaron 129 cámaras en 92 puntos de la ciudad. Desde entonces, se realizaron alrededor de dos millones de comparendos en total. Muchas de estas cámaras, que buscan reducir la velocidad a la que conducen los capitalinos, así como mejorar su cultura frente al volante, dejarían de funcionar en diciembre de 2024. Se ha demostrado, según Darío Hidalgo, experto consultado por El Tiempo, que estos artefactos han ayudado a reducir en un 21% la accidentalidad en Bogotá.
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