La Procuraduría General de la Nación emitió una seria advertencia al Ministerio de Salud y Protección Social respecto al proceso de contratación para el desarrollo y mantenimiento de soluciones de software.
A través de su Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, encabezada por Marcio Melgosa, el ente de control identificó posibles riesgos e irregularidades que podrían afectar la transparencia y legalidad del concurso de méritos.
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Una de las principales alertas de la Procuraduría se centra en la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso.
Esta modificación de última hora genera preocupación, ya que podría vulnerar el principio de economía establecido en el Decreto 1082 de 2015.
Al ser publicada sin margen de tiempo para que los oferentes ajusten sus propuestas conforme a los nuevos lineamientos, esta adenda deja a los interesados en una situación de desventaja, afectando la igualdad en la competencia y limitando la posibilidad de recibir propuestas que se adecuen plenamente a los cambios introducidos.
Otro punto crítico identificado es la exigencia de la certificación de calidad CMMI (Capability Maturity Model Integration) como criterio de calificación en el proceso.
La Procuraduría advirtió que dicha exigencia podría contravenir la Ley 1150 de 2007, la cual prohíbe incluir certificaciones de este tipo como requisito habilitante en licitaciones públicas.
La inclusión de esta certificación podría restringir la libre concurrencia, al privilegiar a ciertas empresas que cuentan con ella, excluyendo a otros proponentes que, aunque capacitados, no cumplen con este criterio específico.
Esta medida, según el órgano de control, pone en riesgo la objetividad en la selección del contratista, ya que limita el acceso a la contratación pública solo a quienes poseen dicha certificación, desestimando otros factores de calidad y competencia.
En respuesta a estas observaciones, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud la suspensión temporal del proceso de contratación. Además, recomendó un análisis detallado de las advertencias señaladas para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y eficiencia que deben regir la contratación pública. La Procuraduría también instó al Ministerio a considerar la revocatoria del acto de apertura del proceso y a publicar la comunicación oficial en la plataforma SECOP II, con el fin de asegurar que las partes interesadas estén debidamente informadas y que el proceso se ajuste a las normativas vigentes.
Este llamado de atención del órgano de control destaca la importancia de respetar los principios de contratación pública y de evitar que decisiones administrativas puedan favorecer a unos oferentes sobre otros.
Procuraduría formula pliego de cargos a exalcaldesa por irregularidades en proyecto avícola
La Procuraduría presentó un pliego de cargos contra Martha Cecilia Tous Romero, exalcaldesa de Toluviejo (Sucre), por presuntas irregularidades en un proyecto de fortalecimiento de la producción avícola destinado a familias de pequeños productores agropecuarios y financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Además de la exalcaldesa, la medida también afecta a los exsecretarios de Desarrollo Económico, Rodrigo José Ricardo Blanco, y de Planeación e Infraestructura, Richard Isaac Buelvas Salazar, así como al representante legal del Consorcio Interavicola Toluviejo de la época, Agustín Severiano Romero Santos.
De acuerdo con la investigación, Tous Romero habría suscrito un contrato de interventoría con un consorcio que estaba inhabilitado debido a un fallo de responsabilidad fiscal. Este contrato fue aprobado por el entonces secretario de Desarrollo Económico, quien formaba parte del comité evaluador.
La Procuraduría también cuestiona al representante del consorcio, quien no habría exigido el cumplimiento de las normas técnicas de calidad en los bienes y servicios adquiridos para el proyecto. Por su parte, al exsecretario de Planeación e Infraestructura se le reprochó la falta de supervisión en la ejecución de la obra, que no se ajustó a las especificaciones técnicas y planos establecidos.
El ente de control calificó las conductas de los tres primeros investigados como gravísimas a título de culpa gravísima, y en el caso de Buelvas Salazar, como leve a título de culpa gravísima. Además, compulsó copias para evaluar una posible actuación disciplinaria contra Amaury Pérez Díaz, quien fue representante del consorcio durante el periodo investigado.