Gareth Sella, que venía desempeñándose como viceministro de las Juventudes del Ministerio de Igualdad, dependencia a cargo de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, no continuaría en la cartera. El funcionario, al que la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación por, al parecer, incurrir en violencia digital contra la periodista Diana Saray Giraldo, sería uno de los miembros de esta cartera que tomaría nuevos rumbos; en medio de fuertes críticas por su gestión.
Así lo indicaron medios como Blu Radio, El Tiempo y Semana, sin que se conozca –aún– una razón concreta que derive en su desvinculación. Lo que se sabe, es que solo sería cuestión de un formalismo al interior del Ejecutivo para que se concrete la desvinculación del joven, que adquirió cierto reconocimiento por su participación en las manifestaciones desarrolladas en el 2021 y su relación con la ‘primera línea’, en manifestaciones en las que perdió la visión de su ojo izquierdo.
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Sella, de 27 años, llegó el 19 de septiembre de 2023 al viceministerio, pese a su inexperiencia en cargos públicos y solo soportado en sus estudios en Cine y Televisión en la Escuela de Artes y Letras. Su objetivo, por encargo del jefe de Estado, Gustavo Petro, era fomentar oportunidades para la juventud, proteger sus derechos y trabajar con jóvenes en busca de la paz en el país, teniendo en cuenta con cercanía con diferentes grupos de jóvenes, entre ellos colectivos barristas.
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“Estamos pensando en quién será la persona que lidere esto. Yo he propuesto que sea una persona que haya perdido un ojo durante el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron apagar la luz”, declaró en su momento el primer mandatario, que avaló la vinculación del joven como parte de su propuesta de inclusión, que por lo visto no tuvo los efectos esperados en esta entidad.
Controversias de Gareth Sella
Una de las fuertes polémicas que salpicó al funcionario está relacionada con sus comentarios sobre la periodista Giraldo, que lo denunció por calumnia; todo por sus comentarios en los que, según la evidencia, habría insinuado que comunicadora social, con algunos señalamientos, habría inducido a que el líder campesino Josué Castellanos –primo del concejal de Bogotá y exfutbolista Leandro Castellanos– fuera asesinado, el 5 de marzo de 2024 en Tame (Arauca).
Por este motivo, el Ministerio Público le abrió una investigación disciplinaria al viceministro, además del exembajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza, la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio para ese entonces, María Niny Echeverry, y Jaider David Rozo Rojas, de Rtvc Sistema de Medios Públicos. Una decisión que tanto Sella como el presidente Petro cuestionaron en sus redes sociales.
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“Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?”, dijo Petro en su defensa, a través de su perfil de X. Por tal motivo, le pidió a las víctimas de lo que consideró la violación de derechos humanos “poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional”, para que puedan defenderse frente a esta determinación, de la que todavía no se conocen sus alcances.
A esto se suma que, para su contratación, se cambió el manual de funciones en pro de que pudiera asumir como viceministro; una determinación que, en su momento, también causó controversia. Con todo y ello, el funcionario cumplió con el programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas del presidente Petro que fue calificada por el propio mandatario como la iniciativa para “pagar por no matar”.