La denuncia de acoso sexual contra Diego Cancino, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), desencadenó un amplio debate en las redes sociales sobre el comportamiento ético de los funcionarios públicos. Esta acusación, presentada por Viviana Vargas Ávila, asesora de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior, provocó un torrente de apoyo hacia la denunciante y planteó cuestionamientos sobre la cultura de acoso que persiste en diversas instituciones del Estado.
La denuncia fue interpuesta el 9 de octubre, durante un encuentro que inicialmente tenía el propósito de discutir posibles oportunidades laborales para Vargas, que estaba por culminar su contrato; sin embargo, la reunión se tornó incómoda cuando, según el relato de la víctima, el alto funcionario realizó comportamientos inapropiados. La asesora relató que “me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa”, describiendo el suceso como intimidante, al evidenciar una asimetría de poder que complica la dinámica laboral entre ambos.
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La respuesta del funcionario ante estas acusaciones llegó a través de un comunicado donde expresó su “sincero lamento” por cualquier conducta que pudiera haber sido interpretada como ofensiva. Cancino negó las acusaciones de acoso sexual, sosteniendo que la reunión se desarrolló en un tono amistoso y afirmando que no había cruzado ninguna línea.
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Así reaccionaron en las plataformas digitales sobre este caso
Ante este panorama, las redes sociales se convirtieron en un espacio de solidaridad hacia Viviana Vargas Ávila. La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes expresó su apoyo de manera contundente, al afirmar en X: “Ya no son tiempos para que las mujeres sigamos siendo víctimas de agresiones y acosos. Es momento de que la justicia actúe, proteja y garantice los derechos de las mujeres”.
Otra de las voces que se destacó fue la de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien compartió un mensaje de apoyo. Aunque forma parte de la bancada del Gobierno por el Pacto Histórico, destacó que era fundamental que, a ninguna mujer, y en especial a Viviana Vargas, se le nieguen las garantías para trabajar y que se le brinde acompañamiento profesional en su proceso.
Mi solidaridad y apoyo para @VivianaVDDHH. Yo le creo. Lo que vivió es día a día de muchas mujeres. Ninguna persona trabajadora debería estar en riesgo, ni en el trabajo, ni en la búsqueda de trabajo, ninguna persona trabajadora puede ser violentada o acosada sexualmente”, se lee en su mensaje.
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La representante Catherine Juvinao también se sumó a las voces de apoyo, al destacar la importancia de la denuncia: “Cuando una mujer denuncia lo hace también en favor de muchas otras que por distintas circunstancias no lo hacen, o sienten que no pueden hacerlo”. Este tipo de pronunciamientos no solo busca respaldar a Vargas, sino que reconoce el contexto más amplio de violencia de género que enfrenta el país.
Incluso figuras públicas, como la periodista y exactriz de pornografía Alejandra Omaña, también conocida con el nombre artístico Amaranta Hank, alzaron la voz en solidaridad: “Le creo a Viviana Vargas en su denuncia a Diego Cancino. Le creo también a las demás mujeres que mencionaron que las acosó con mensajes y llamadas”, afirmó.
Aunque la periodista destacó que no se consideraba víctima del funcionario, lo cierto es que compartió mensajes de WhatsApp en los que indicó que experimentó un “día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada”.
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“Le contesté un mensaje un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo. Entonces expongo esto para que sepan que su comportamiento era habitual con varias mujeres”, agregó Hank.
Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, también mostró su apoyo a la denunciante, al destacar la importancia de “abordar y reconocer las violencias que persisten en las dinámicas institucionales y políticas”. Este tipo de respaldos institucionales es fundamental para garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso, en el que los funcionarios públicos estén obligados a actuar con ética y responsabilidad.
La situación que enfrenta Cancino no solo pone en evidencia el caso particular de acoso sexual, sino que también plantea interrogantes sobre la cultura de poder y el trato a las mujeres en posiciones de vulnerabilidad. La denuncia de Vargas Ávila revivió un debate crítico sobre la ética en el servicio público y la necesidad de que se establezcan mecanismos de protección y denuncia que garanticen la integridad de todos los trabajadores.
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