El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha presentado una denuncia formal ante la justicia por presuntos actos de corrupción relacionados con la Registraduría Nacional.
Idárraga explicó que su denuncia se centra en un contrato de logística electoral para el año 2026, en el que se cuestiona la participación de la firma Thomas Greg & Sons.
Esta empresa, que ya había estado en el centro de una controversia con el Gobierno de Gustavo Petro por una licitación de pasaportes, es parte de una unión temporal que recibió una adjudicación millonaria.
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Idárraga, en una carta dirigida a Diana Patricia Mojica, directora especializada contra la corrupción, detalló las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación. Uno de los puntos críticos señalados es el corto plazo establecido para la ejecución del contrato, que según el funcionario, no garantiza una adecuada implementación de las actividades previstas.
En el documento, se menciona que el tiempo entre la aprobación de pólizas y las fechas de los escrutinios es inferior a dos meses, lo que podría comprometer la parametrización de software y otras preparaciones necesarias.
“Respetada doctora Mojica (...) según la cual corresponde a este despacho “denunciar directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o contra el patrimonio económico, de posibles infracciones disciplinarias, que por su gravedad sean puestas en su conocimiento, así como de las denuncias interpuestas directamente por veedores ciudadanos y la ciudadanía en general”, se lee en la primera parte de la misiva.
El contexto de los hechos
El 8 de octubre de 2024, la Secretaría de Transparencia emitió una alerta temprana dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
Esta advertencia se centró en el proceso de contratación No. SA-06-2024 RNEC CONSULTAS 2024, señalando posibles irregularidades que podrían limitar el acceso plural de oferentes, según información pública analizada por la Secretaría.
La situación ha llevado a la Secretaría a trasladar los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen posibles conductas de corrupción con implicaciones penales y disciplinarias.
El proceso de contratación en cuestión, publicado el 13 de septiembre de 2024 y cancelado el 17 de septiembre del mismo año, tenía como objetivo contratar una solución integral logística tecnológica informática y de servicios para la organización de procesos electorales en varias regiones de Colombia. El valor del contrato ascendía a $51.398.957.711. La cancelación repentina del proceso sin una explicación clara ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y legalidad del mismo.
“La Secretaria de Transparencia, se identificó la publicación del proceso de contratación No. SA 015 de 2024-RNEC CONSULTAS 2024, cuyo objeto era: “Contratar SOLUCIÓN INTEGRAL LOGISTICA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES de a. las Juntas Administradoras Locales, b las Consultas Populares para la conformación de (1) el área metropolitana del Suroccidente de Colombia y (ii) el área metropolitana Pledemonte Amazónico y c la consulta interna del Polo Democrático Alternativo, a desarrollarse en el año 2024, de conformidad con los requerimientos y especificaciones del anexo técnico”, por valor de $51.398.957.711, publicado el 13 de septiembre de 2024, y cancelado sin mayor explicación el día 17 de septiembre de 2024″, denuncia la Secretaría.
En cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Decreto 2647 de 2022, la Secretaría ha analizado información pública que sugiere la existencia de circunstancias que podrían restringir los principios de equidad y transparencia en las contrataciones públicas.
Estos hallazgos han sido trasladados a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones necesarias.
Además, encargada de asesorar al presidente de la República y otros altos funcionarios en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, tiene la función de denunciar o trasladar a los entes de control y a la Fiscalía cualquier indicio de delitos contra la administración pública.
Por ahora se está a la espera de que la directora especializada contra la corrupción le responda a Idárraga.