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‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, aseguró que su extradición fue para silenciarlo: “Para que no siguiera declarando en Colombia”

Durante una audiencia en la penitenciaría de Florence, Colorado, en Estados Unidos, el exlíder del Clan del Golfo implicó a congresistas y empresarios en sus declaraciones sobre nexos con paramilitarismo

En abril, alias Otoniel testificó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, afirmando que su extradición buscó silenciarlo - crédito Colprensa

Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, exlíder del clan del Golfo, afirmó que su rápida extradición a Estados Unidos fue un intento de silenciarlo, según su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por Blu Radio.

Durante una audiencia realizada en abril de 2024, Úsuga declaró que su traslado se debió a la cantidad de información que estaba proporcionando sobre diversos procesos en Colombia.

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En mayo de 2022, alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos tras su captura. En su testimonio ante los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, quienes lo interrogaron en la Penitenciaría de Máxima Seguridad ‘ADX’ en Florence, Colorado, Úsuga sugirió que su extradición fue acelerada para evitar que continuara revelando detalles sobre crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica y los casos de falsos positivos.

“La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida”, dijo alias Otoniel en el interrogatorio hecho ante la JEP.

La JEP decidió investigar a un mayor general, seis agentes y tres civiles mencionados por Úsuga - crédito JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz decidió enviar copias del caso para investigar a un mayor general, seis agentes del Estado y tres civiles mencionados por Úsuga en su declaración. En el auto emitido, se levantó la reserva sobre ciertos fragmentos del testimonio, lo que permitió conocer más sobre estas acusaciones.

Durante el interrogatorio, los magistrados cuestionaron a alias Otoniel sobre la rapidez de su extradición. Él respondió que creía que fue para evitar que siguiera declarando en Colombia, ya que estaba proporcionando información sobre muchas situaciones como testigo. También mencionó que siempre hay aspectos que podrían ampliar más las declaraciones, aunque no señaló a ninguna persona en particular como motivo de su extradición.

Una parte del interrogatorio llevado a cabo por los magistrados de la JEP, revelado por Blu Radio, dice lo siguiente:

  • Magistrado de la JEP: “Porque es que su proceso de extradición fue bastante rápido, ¿usted recuerda?”.
  • Alias Otoniel (Testigo): “Sí, demasiado”.
  • JEP: “¿Y usted qué reflexión le genera esa rapidez? ¿Por qué cree que fue tan rápido?”, se lee en el auto.
  • Dairo Antonio Úsuga: “La mayoría, eso era para que no siguiera declarando allá en Colombia, para el silencio, silenciar más a uno, pues porque estaba declarando sobre muchas cosas allá, como testigo, y por eso fue la extradición tan rápida”.
  • Magistrado (JEP): “¿Y usted cree que le faltó declarar mucho?”
  • Otoniel: “Pues siempre, siempre hay cosas que podían ampliar más las declaraciones”.
  • Magistrado (JEP): “¿Y usted considera que fue en relación con alguna persona en particular que tenía miedo de que usted declarara?”.
  • Alias Otoniel: “No, no, así particular no, hay cosas en general, hay declaraciones en general, la mayor parte en general”, agregó Úsuga.

Alias Otoniel, que también lideró el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), operaba en departamentos como Arauca y Casanare. En su testimonio, señaló a congresistas, empresarios y otras personas que, presuntamente, tendrían vínculos con el paramilitarismo.

El caso de exlíder del Clan del Golfo ha generado interés, debido a las implicaciones de sus declaraciones y el impacto que podrían tener en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Colombia. La JEP continúa evaluando la información proporcionada por Úsuga para determinar los pasos a seguir en las investigaciones.

La JEP pide investigar nexos paramilitares de políticos tras declaración de ‘Otoniel’

La JEP solicita investigación judicial sobre las afirmaciones hechas por 'Otoniel' en su testimonio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia investigar a varias personas mencionadas por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, en su testimonio. Este exlíder del clan del Golfo, extraditado a Estados Unidos, proporcionó información relevante en el marco de los casos de falsos positivos y la victimización de miembros de la Unión Patriótica. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras un exhaustivo análisis de las pruebas, decidió remitir copias del proceso a las mencionadas entidades judiciales.

Entre los señalados por ‘Otoniel’ se encuentran figuras políticas y militares que habrían facilitado la expansión de grupos paramilitares en las regiones de Arauca y Casanare. Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, es acusado de permitir el ingreso del bloque Vencedores de Arauca. Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare, y Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador de Casanare, son señalados por su presunto apoyo logístico a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Otros implicados incluyen a Milton Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Ortiz, ambos exsenadores, por su supuesta colaboración en la financiación y consolidación del control paramilitar en Casanare. Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza es acusado de connivencia con grupos paramilitares en Arauca durante su comandancia en la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.

Dairo Antonio Úsuga, extraditado a EE.UU., proporciona información clave sobre casos de falsos positivos - crédito Colprensa

La lista también menciona a Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, y a Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, por su presunta contribución al establecimiento y financiación de actividades paramilitares. Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, y Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la misma universidad, son acusados de colaborar financieramente con las AUC.

La JEP sostiene que la colaboración de estas personas permitió a los grupos paramilitares consolidar su control territorial en las regiones mencionadas, lo que resultó en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. La recopilación de estas pruebas es vista como un paso significativo hacia el esclarecimiento de los patrones de violencia en estas áreas, con el objetivo de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

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