Tras el anuncio del interventor de Air-e, Carlos Diago, sobre la eliminación de los cobros de la tasa de seguridad y alumbrado público en la factura de energía, se generó una fuerte polémica en el departamento del Atlántico. Este movimiento, respaldado por el presidente Gustavo Petro, busca aliviar el costo de las facturas de luz, pero plantea serios riesgos para las finanzas locales, dependientes de estos tributos para financiar obras públicas y programas de seguridad.
En esencia, lo que Diago y el Gobierno Petro proponen es desvincular los cobros adicionales que se incluyen en las facturas de energía de la región, dos de los cuales son fundamentales para la administración local: la tasa de seguridad y el impuesto de alumbrado público. Ambos recursos son esenciales para el desarrollo de proyectos de seguridad e infraestructura en el Atlántico; sin embargo, la controversia radica en cómo estos fondos fueron gestionados en los últimos años, particularmente durante las administraciones de Elsa Noguera y los anteriores mandatarios de la región.
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Una investigación realizada por La Silla Vacía y La Contratopedia Caribe, al ser expuesto por el periodista Ever Mejía, revela que, entre 2020 y 2023, gran parte del dinero recaudado a través de la tasa de seguridad fue destinado a proyectos que no parecen tener un impacto directo en la seguridad, como la construcción de parques, canchas y malecones bajo el programa ‘Entornos Seguros’.
Además, algunos de los contratos adjudicados durante la administración de Elsa Noguera fueron objeto de controversia, al estar vinculados a figuras políticas y empresarios cercanos a los poderosos clanes de la región.
Por ejemplo, más de $1.311 millones fueron adjudicados entre 2021 y 2023 a la fundación Vive Bailando y Soñando, dirigida por Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a través de contratos que, según la Gobernación, buscaban mejorar la convivencia mediante actividades recreativas. Sin embargo, algunos sectores cuestionaron la efectividad de estas inversiones en mejorar los indicadores de seguridad, que siguen mostrando un deterioro preocupante, de acuerdo con el medio en mención.
El programa, orientado a la “integración social” mediante el baile, de acuerdo con el portal Corrupción al día, ha beneficiado a unos 500 jóvenes en sectores vulnerables, pero críticos señalan que el impacto en la seguridad es cuestionable, mientras los índices de delincuencia y violencia siguen en aumento. Las academias locales de baile, que conocen mejor las dinámicas sociales de la región, quedaron al margen, mientras la fundación bogotana dirigida por la hija del líder de Cambio Radical aseguró contratos.
En 2023, el Atlántico alcanzó uno de los peores índices de homicidios de la última década, con una tasa de 25,9 homicidios por cada cien mil habitantes, un aumento significativo en comparación con el 2019. Esto dejó en entredicho el argumento de que las inversiones en infraestructura y recreación, financiadas con la tasa de seguridad, están mejorando realmente la seguridad en la región.
La gestión de estos recursos también benefició a grandes contratistas con vínculos políticos, como es el caso del contrato de $180.000 millones adjudicado a A Construir, una empresa que en ese momento estaba controlada por la familia Daes, conocidos contratistas cercanos al grupo político de los Char. Este contrato fue asignado para la construcción de plazas y parques sin la participación de otros proponentes, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso de adjudicación.
Adicionalmente, se destinaron más de $7.800 millones a contratos de pauta publicitaria con la empresa Casa Creativa SAS, con nexos con el empresario Iván Reátiga, también aliado político. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación de que estos contratos de publicidad promuevan una narrativa positiva de la administración Noguera sin que exista una verdadera rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
La posible batalla jurídica y las tensiones con el Gobierno Petro
El anuncio de Diago de suspender el cobro de estos impuestos ha generado tensiones no solo con los gobiernos locales, sino también con entidades como la Asociación Nacional de Alumbrado Público y la Gobernación del Atlántico. Desde la investigación de la fuente citada, se advirtió sobre los riesgos que esto representa para la seguridad del departamento y anunció que tomará acciones legales si no se revierte la medida.
Desde el Gobierno Petro, la postura fue más conciliadora en las últimas semanas. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, señaló para el medio en mención que cualquier cambio se realizará de manera concertada, y el Ministerio de Minas y Energía está trabajando en una resolución que permita a los usuarios pagar exclusivamente por el servicio de energía, sin incluir otros cobros en las facturas.
Sin embargo, esta resolución todavía está en etapa de comentarios y, aunque busca aliviar el costo de las facturas, preocupa a la administración de Noguera, que depende en gran medida del recaudo de la tasa de seguridad para financiar sus programas.