Para este lunes 21 de octubre, los mineros artesanales del país tienen programado realizar un paro indefinido en Córdoba, Antioquia, Chocó y Santander ante lo que serían una serie de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional para que se haga realidad su formalización.
Estas personas aseguran que aunque han solicitado las reuniones correspondientes con los representantes del Ministerio de Minas y Energía, así como de otras entidades del Estado relacionadas, no han atendido sus peticiones para regularizar su actividad, así como para obtener títulos mineros, informaron en la emisora RCN Radio.
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Agregaron que los líderes de estas comunidades, que ancestralmente se han dedicado a la explotación de yacimientos, elevaron un pliego de ocho puntos al Gobierno Petro para que se logre su formalización.
“Aquí hay que brindarle las oportunidades reales a las comunidades para que transformen sus modos de vida y al mismo tiempo propendan por el cuidado del medioambiente, pero no se puede exterminar una cultura porque firmamos un tratado internacional”, afirmó en el medio radial Yarley Marín López, presidente de la mesa minera de Segovia (Antioquia).
Sostuvo también que desde la Administración Nacional “a través del bloque Constitucional con normas internas y tratados internacionales está desconociendo” su cultura y a las comunidades, por lo que debían llevar a cabo estas manifestaciones.
“El presidente Gustavo Petro había prometido en campaña que iba formalizar la minería y hoy vemos que la formalización, según dice el presidente de la Agencia Nacional ya se hizo la formalización y no hay espacio para formalizar a los mecanizados”, agregó.
Defensoría del Pueblo hace un llamado al diálogo y el Gobierno Nacional asegura que han trabajado con las comunidades
Ante la inminente jornada de protesta de los mineros artesanales e informales, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, instó a los líderes mineros y al Gobierno Nacional ha retomar el diálogo para que no tengan que acudir a las vías de hecho.
“En los últimos días y en las últimas semanas hemos estado en interlocución con los líderes y lideresas del sector minero en el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño, así como con los líderes y lideresas de los páramos de Santander, Boyacá y Norte de Santander, quienes consideran que sus solicitudes no han sido resueltas por parte del gobierno”, recogieron de las declaraciones de la alta funcionaria en el portal web de noticias API.
Aunque Marín señaló que no era necesario que volvieran a realizar un paro como el que afectó al país en el primer trimestre del 2023, dejó a la entidad que tiene a cargo mediar entre las partes.
“En caso de que el paro inicie, como ha sido anunciado, la Defensoría del Pueblo acompañará las movilizaciones para garantizar el respeto por los derechos humanos de quienes participan en ellas como protestantes y del resto de la ciudadanía”, anunció la funcionaria.
Entre tanto, desde el Gobierno Nacional emitieron un comunicado en la noche del domingo donde insistieron en que están prestos a seguir con las negociaciones, pero que non han obtenido una respuesta por parte de los líderes mineros.
“El Gobierno Nacional reitera su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo para atender y resolver las inquietudes manifestadas por las comunidades mineras. Seguiremos trabajando por una minería sostenible, que contribuya a la vida y la paz en el país, respetando siempre el legítimo derecho a la protesta en el marco de la ley”, indicaron en uno de los apartes de la misiva.
Sostuvieron también que desde el año pasado están trabajando por brindarles soluciones para su formalización con una estrategia con “enfoque participativo” con el que se “busca soluciones concretas para la minería artesanal y de pequeña escala”.
Aseguraron también que han realizado visitas en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Caldas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Santander con las que se reunieron con las “poblaciones más vulnerables” para socializar los “avances y construyendo de manera conjunta con las comunidades alternativas para regularizar las operaciones mineras, adaptarlas a estándares ambientales y de seguridad y generar ingresos complementarios”.