Nuevas amenazas surgieron contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bucaramanga, apenas horas después del atentado sufrido por el dragoneante Fernando Carrillo. Carrillo fue baleado frente a la cárcel Modelo de Bucaramanga, un ataque que generó gran preocupación en las autoridades. La situación en el sistema penitenciario colombiano parece estar agravándose, especialmente en la cárcel Palogordo de Girón, donde se recibió un panfleto amenazante dirigido a los guardias.
El documento en cuestión, que circuló internamente en el centro penitenciario de Girón, advierte sobre la implementación de un supuesto “plan pistola” que tendría como objetivo a los funcionarios del Inpec. Las amenazas apuntan a los guardias, señalando que los ataques se deben a que habrían “hecho caso omiso” a peticiones realizadas previamente por los autores del mensaje. Además, el panfleto exige el cierre inmediato del patio 10 del centro penitenciario, una petición que está siendo evaluada con gran cautela por las autoridades mientras analizan la veracidad y gravedad de las amenazas.
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El Sindicato Nacional del Inpec expresó su preocupación ante la escalada de violencia dirigida contra los guardias y directores de las cárceles en todo el país. La creciente inseguridad a la que se enfrentan estos funcionarios quedó en evidencia tras el asesinato de 19 trabajadores del Inpec en menos de dos años. La mayoría de estos homicidios estarían relacionados con amenazas derivadas del cumplimiento de sus deberes, que incluyen la custodia de presos y el traslado de delincuentes de alta peligrosidad.
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En los últimos cuatro años, la cifra de funcionarios del Inpec asesinados alcanzó los 63, lo que pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan diariamente en su trabajo. La falta de protección adecuada y las constantes amenazas contra sus vidas hacen que el panorama de seguridad dentro y fuera de las cárceles colombianas sea cada vez más inquietante. Las autoridades intensificaron las investigaciones para esclarecer estos crímenes y detener la creciente ola de violencia que afecta a los funcionarios del sistema penitenciario.
La situación no mejora
En Colombia, la situación de inseguridad para los funcionarios del Inpec sigue siendo alarmante, evidenciando la creciente ola de violencia que enfrenta este sector. Uno de los casos más preocupantes es el ataque sufrido por el dragoneante Valentín Eduardo Payares Pertuz en Barranquilla, que fue baleado mientras se encontraba dentro de su vehículo. Este ataque desencadenó una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía, que no descarta la posibilidad de que el atentado esté vinculado a su labor como miembro del cuerpo judicial.
Este violento episodio, sin embargo, no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos meses, otros funcionarios del Inpec fueron víctimas de ataques similares. Un ejemplo es el asesinato del dragoneante Juan Carlos Zemanate Dorado, que recibió un ataque en la zona de Lácteos, o el caso de José Richard Hernández, que perdió la vida en Montería después de finalizar su turno laboral.
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Ante esta situación de inseguridad, el director del Inpec, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, solicitó el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mejorar las condiciones de seguridad de los funcionarios de la entidad. Gracias a esta colaboración, se logró que 59 funcionarios reciban algún tipo de esquema de protección. Sin embargo, a pesar de estas acciones, la amenaza persiste: en los últimos meses, 375 empleados denunciaron ser blanco de amenazas, y se registraron 18 incidentes violentos, 17 de los cuales estaban dirigidos específicamente contra el personal de custodia y vigilancia.
La violencia que afecta al Inpec se convirtió en un problema de gran magnitud. Los ataques no solo atentan contra la integridad de quienes trabajan en la seguridad penitenciaria, también revelan la necesidad urgente de implementar medidas de protección más efectivas. A pesar de los esfuerzos para brindar mayor seguridad, los funcionarios continúan expuestos a graves riesgos en el desempeño de sus funciones, que incluyen la vigilancia de las cárceles, a la vez que en la intervención en procesos judiciales.