El concejal Daniel Briceño y Cielo Rusinque, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), han protagonizado un nuevo enfrentamiento en torno a la transparencia de las declaraciones de renta de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
Briceño acusó al gobierno de evitar que las declaraciones sean públicas, lo que calificó como “hacer trampa” para ocultar información relevante.
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Rusinque respondió desmintiendo estas afirmaciones, asegurando que nunca se ha impedido la transparencia y que Briceño “se equivoca o se hace el equivocado”, lo cual, en su opinión, “es peor”.
Briceño criticó al gobierno argumentando que la Ley 2013 de 2019, que exige que los altos funcionarios publiquen sus declaraciones de bienes y rentas, está siendo obstruida mediante restricciones en el acceso público a esta información.
Según el concejal, estas limitaciones dificultan la rendición de cuentas y reducen la transparencia en la administración pública.
Cielo Rusinque, por su parte, emitió una respuesta firme, explicando el contexto de las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Dafp en relación con la publicación de las declaraciones de renta.
“Una vez asumí como superintendente de la SIC se me informó de la existencia de una decisión de la delegatura de datos que impedía la publicidad de las declaraciones de renta de los funcionarios”, explicó Rusinque.
Dicha medida fue implementada para proteger el régimen de datos personales, pues, según la decisión original, las declaraciones de renta incluían información privada que debía ser salvaguardada.
Rusinque continuó aclarando que, tras conocer esta situación, solicitó a la Delegatura de Protección de Datos “estudiar el caso y proponer una solución”.
En este contexto, se llevaron a cabo reuniones con la Procuraduría General de la Nación y el Departamento de la Función Pública, concluyendo que la SIC “no ha impedido ni ordenado la no publicación de las declaraciones de renta”.
Según Rusinque, la Superintendencia solo actúa en cumplimiento de su mandato legal para proteger los datos personales, pero la responsabilidad de aplicar los principios de transparencia y publicidad recae sobre el Dafp.
Asimismo, Rusinque enfatizó que se revocó una resolución previa para certificar que el Dafp cumple con el régimen de protección de datos personales, y agregó que se ha exhortado al departamento a seguir tomando las medidas necesarias para garantizar la transparencia.
“Lo invito a leer con calma y razón nuestra resolución de revocatoria. Allí podrá encontrar luz a su inmensa oscuridad”, sentenció Rusinque, dirigiéndose directamente a Briceño.
En su defensa, Briceño dijo: “Señora Rusinque, esta es la resolución 2986 del 1 de febrero de 2023 en la cual ratifican y siguen ordenando que las declaraciones de renta sigan ocultas. Se lo repito, me alegra que ahora que tienen la presión las revoquen”.
“El Sherlock Holmes criollo”
En un tono más confrontativo, Rusinque afirmó que Briceño, a quien se refirió como “el Sherlock Holmes criollo”, “ha querido posar de guardián de la integridad y la transparencia pública” mientras omite información clave en sus publicaciones.
“El origen de todo este debate y de los actuales problemas que ha tenido la aplicación de la Ley 2013 de 2019 se encuentra en una resolución que fue expedida por… adivinen… el gobierno de Iván Duque, a través de su Superintendente, el señor Andrés Barreto”, expuso Rusinque, apuntando a una contradicción en la postura del concejal del Centro Democrático.
Rusinque también destacó que, desde su llegada a la Superintendencia, solicitó la revisión de las órdenes emitidas durante el gobierno de Duque y que, como resultado, el pasado 26 de septiembre, se expidió la resolución 56588 de 2024.
“En ella, se revocaron en todas sus partes las decisiones que permitieron la anonimización de los datos de los funcionarios públicos, por no ajustarse al interés general inherente a los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 2013 de 2019″, explicó.
El cruce de declaraciones entre Briceño y Rusinque pone de relieve las tensiones en torno al equilibrio entre la transparencia en la administración pública y la protección de los datos personales, generando un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas del gobierno de Petro.