El miércoles 16 de octubre de 2024, más de 1.000 mineros y campesinos de distintas partes del país adelantarán una protesta en contra del Ministerio de Ambiente. De acuerdo con la información que entregó la comunidad minera a Infobae Colombia, en la actividad participarán hombres y mujeres de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó.
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Según los detalles que se conocen por el momento, el motivo de la protesta contra el Ministerio de Ambiente es la molestia que generó el decreto 044, que desde la comunidad minera calificaron como “una medida arbitraria que nos quieren imponer áreas de reserva sin estudios técnicos ni concertación, y así acabar con la economía de la que dependen más de 100 mil familias en el país”.
Con el Decreto 044 de 2024, se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones. Con esto el Gobierno lo que busca es fortalecer las medidas de cuidado del medio ambiente en el territorio nacional.
Comunidad minera en desacuerdo con el decreto
A las siete de la mañana del miércoles 16 de octubre los mineros y campesinos llegaron a las instalaciones del Ministerio de Ambiente con banderas, pancartas y arengas, mostrando un rechazo contundente a un Decreto gubernamental que consideran arbitrario y que no ha sido concertada con las comunidades afectadas como lo exige el Acuerdo de Escazú, impulsado por el propio Gobierno.
“Desde la Provincia de Soto Norte en Santander nos tocó venir a protestar hasta Bogotá porque la ministra de Ambiente no nos escucha, y solo está confabulada con grupos activistas y politiqueros de Bucaramanga para imponernos el Decreto 044 y crear un Área de Reserva Temporal en toda nuestra Provincia”, dijo Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas.
“Con eso nos condenan a la pobreza, la ilegalidad y el desplazamiento a más 30 mil personas que vivimos de la minería ancestral y la agricultura* en esta zona de Santander”, añadió González.
De acuerdo con lo que señalaron los manifestantes que llegaron a la capital del país, solo en el caso de Santander, la zona de reserva tendría más de 78 mil hectáreas. Los campesinos y mineros en contra del decreto resaltan que la zona es más grande que el área urbana de Bogotá, lo que “borraría del mapa a seis municipios cuyas actividades productivas se volverían ilegales de un “plumazo” desde el despacho de la ministra”.
“Nosotros somos los primeros cuidadores del Páramo de Santurbán, el cual ya está protegido en su totalidad por la Ley, pero ahora la ministra quiere extralimitarse en sus funciones y prohibir prácticamente todas las actividades económicas por fuera del Páramo, incluso llegando en un amplio sector del norte de Bucaramanga. Nos va dejar sin tierra para trabajar”, afirmó Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros del municipio santandereano de Suratá.
En total, más de mil representantes de las comunidades mineras y campesinas de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, participan de la movilización, que luego se dirigirá al Consejo de Estado para pedirle que pronto falle las medidas cautelares al Decreto 044 que está evaluando, y así defienda sus derechos al trabajo, a la vivienda y a la participación.
“La ministra se siente muy orgullosa de firmar el Acuerdo de Escazú y hablar de eso en la COP16 y en todos los escenarios posibles, pero no ha querido aplicarlo en Santander, Antioquia, La Guajira o Chocó, donde nos veremos afectados por el Decreto 044. Cuando se trata de este tema, la ministra olvida que las políticas ambientales obligatoriamente deben construirse con las comunidades”, indicó la presidenta de Asomineros.
Por su parte, Jorge Maldonado, gerente de Calimineros, aseguró que hay una desconexión entre las decisiones del Gobierno nacional y las necesidades reales de los territorios
“El Gobierno no puede seguir tomando decisiones desde un escritorio, desconociendo el sentir de miles de familias que han dedicado su vida a una minería responsable y sostenible. Nosotros somos una empresa de 160 pequeños mineros que creímos en la legalidad, y que después de 5 años de trabajo por ser formales, el Gobierno está desconociendo nuestro proceso y condenándonos a volver a ser ilegales”, dijo.
Desde el punto de concentración, los manifestantes insisten en que su actividad ha sido parte fundamental del desarrollo económico de muchas regiones y que, “lejos de ser una amenaza, la minería responsable es una oportunidad para promover un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente”.