Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En medio de este proceso, Ricardo Gaviria ha asumido su defensa. Gaviria, con dos décadas de experiencia en derecho penal, también coordina el apoyo investigativo de la defensa del jefe de Estado y ha representado a Nicolás Petro en una queja contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el Atlántico.
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Gaviria, además de su rol en este caso, es socio fundador y director de la firma Derecho Penal & Empresa. Según W Radio, ha asesorado a entidades financieras y comerciales como Bancolombia, AV Inbev Bavaria, Postobón, Siemens Healthcare, Renault Sofasa, Fecoljuegos, Colbet y Atlético Nacional.
Su experiencia incluye casos emblemáticos como el de los estudiantes de la Universidad Nacional involucrados en atentados, la defensa de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar y otros casos de alto perfil.
El cambio en la defensa de Nicolás Petro se produjo tras la renuncia de Diego Henao, quien había liderado el proceso desde sus inicios. Según Henao, la decisión se debe a un “cambio en la estrategia de defensa” tras una “reflexión profunda y respetuosa del proceso”.
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La renuncia de Henao se produce en un momento crítico, ya que la Fiscalía había anunciado la posibilidad de un preacuerdo en las negociaciones con Nicolás Petro.
La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que desde el inicio del proceso se han considerado mecanismos prémiales, parte esencial del sistema acusatorio, y que las negociaciones no deben depender de la identidad del imputado. “Sí hay un acercamiento ciertamente de los abogados del señor Nicolás Petro”, afirmó Camargo.
La audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro está programada para los días 22, 23 y 24 de octubre. Mientras tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha confirmado acercamientos para estructurar un preacuerdo en este caso.
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Camargo destacó que los mecanismos prémiales son parte esencial del sistema acusatorio y que las negociaciones no deben depender de la identidad del imputado.
La nueva estrategia de la defensa de Nicolás Petro
Con la llegada a Gaviria, la defensa de Nicolás Petro ha adoptado una nueva estrategia centrada en desacreditar las acusaciones de lavado de activos que enfrenta su cliente.
Según información publicada por Semana, el equipo legal sostiene que no hay pruebas contundentes que demuestren la comisión de este delito. Como parte de esta estrategia, han presentado un concepto jurídico firmado por el exmagistrado y exministro Yesid Reyes, en el que se cuestiona la falta de precisión en las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
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Reyes argumenta que, aunque Nicolás Petro recibió maletas con dinero en efectivo, no se ha demostrado que este flujo de fondos constituya lavado de activos. La defensa sostiene que la Fiscalía no ha proporcionado detalles precisos sobre el ocultamiento, transporte o manejo de esos fondos, lo que es fundamental para sustentar una acusación de esta naturaleza.
“En el caso del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, las referencias que la Fiscalía hizo al ocultamiento de dineros son en extremo genéricas e imprecisas. Se alude a una pluralidad de personas que en distintos momentos habrían transportado diversas cantidades de dinero entre diferentes sitios mediante métodos disímiles”, explica el exministro Yesid Reyes.
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Además, la defensa busca retomar las negociaciones con la Fiscalía en el marco de un acuerdo de justicia premial, una opción que Nicolás Petro había descartado tras una reunión con su padre, el presidente Gustavo Petro.
La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que ha habido acercamientos entre los abogados de Nicolás Petro y el ente acusador, lo que sugiere la posibilidad de un acuerdo que podría beneficiar al hijo del presidente.
La situación se mantiene en evolución, mientras Nicolás Petro intenta cambiar su enfoque ante las contundentes pruebas en su contra y explorar vías para una posible colaboración con la justicia.
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La decisión de retomar las negociaciones representa un cambio significativo en su estrategia legal en medio de un proceso que ha generado gran atención mediática y pública.
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