Maritza Martínez Aristizábal, exsenadora colombiana por el partido de La U, actualmente magistrada del CNE, ha mantenido su influencia política en la región de la Orinoquía desde 2010, donde supuestamente heredó el legado de su esposo, Luis Carlos Torres Rueda, quien renunció al Senado en 2007 en medio de investigaciones por parapolítica.
Según Cuestión Pública, Torres Rueda fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría debido a irregularidades en la contratación durante su gestión como gobernador del Meta. Aunque las investigaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares no han resultado en acusaciones formales, su figura sigue siendo controvertida.
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Luis Carlos Torres Rueda ha sido mencionado en investigaciones por sus presuntos nexos con paramilitares, según informes de Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación.
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La Corte Suprema de Justicia ha indagado sobre estas relaciones, aunque hasta ahora no se han concretado acusaciones. En un caso documentado, Torres Rueda habría ofrecido una suma de dinero a través de intermediarios para influir en el gobierno de Edilberto Castro, en el Meta, según la Fiscalía General de la Nación.
El Ministerio Público aseguró que existen pruebas suficientes sobre la omisión de Torres Rueda al asumir la representación legal del Meta, permitiendo que terceros manejaran los procesos contractuales del departamento. Esta falta fue calificada como gravísima a título de dolo, según el Procurador General de la Nación, entre el 2001 y 2009, Edgardo José Maya Villazón.
La senadora Martínez ha sido reelegida en varias ocasiones, con 73 mil votos en el periodo 2014-2018 y casi 65 mil para el 2018-2022. Durante su carrera, ha formado parte de la Comisión Quinta, que aborda temas relacionados con la agricultura, el medio ambiente y el sector minero-energético.
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Su familia tiene intereses en estos sectores, lo que ella misma ha reconocido como posibles conflictos de interés en su declaración juramentada.
Los aportantes a las campañas de Martínez han suscrito contratos por más de 35 mil millones de pesos desde 2010, según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la relación entre sus campañas políticas y los contratos públicos.
En el ámbito familiar, Maritza Martínez nació en Villavicencio y es madre de dos hijas, una de las cuales fue contratista del gobierno de Iván Duque. Este hecho coincidió con su abstención en la votación de las objeciones a la JEP.
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Señalamientos cazados entre Martínez y Petro
Desde abril del 2024, Maritza Martínez Aristizábal ha asumido la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, un cargo que llega en un momento crítico para la entidad.
Desde esa fecha, la abogada, con una maestría en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, tendrá la responsabilidad de liderar investigaciones clave, como la relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, misma que busca determinar si se violaron los límites de gasto electoral durante la campaña.
La nueva presidenta ha destacado la importancia de aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema político, asegurando que el CNE está comprometido con la transparencia electoral y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema electoral colombiano.
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Desde ese momento, en el Martínez encabezó la investigación contra la campaña del Gustavo Petro, se han visto en enfrentamientos en los que ambos han señalado al otro en realizar “una campaña de desprestigio”.
En conversaciones con Blu Radio, la Magistrada del CNE respondió a los señalamientos de Gustavo Petro, sobre la relación del paramilitarismo con Luis Carlos Torrres: “Mi esposo no fue condenado por paramilitarismo, fue investigado y absuelto... Nunca fue un jefe paramilitar. Fue investigado porque cuando era gobernador tuvo que enfrentarse de manera frontal a los grupos paramilitares que trataron de acceder a los espacios políticos y de ahí, por su puesto, tuvo retaliaciones, testigos falsos... más o menos es una situación similar a la que vivió el exministro Luis Fernando Velasco”.
Martínez sostiene que las declaraciones del mandatario la ponen en riesgo a ella y a su familia. Esta situación se produce en medio de la investigación que el CNE ha iniciado contra la campaña presidencial de Petro, que lo llevó al poder en 2022.
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El proceso contra la campaña de Petro ha generado un intenso debate político en Colombia. El presidente ha calificado la investigación como un intento de “golpe de estado blando” o “golpe de las corbatas”, y ha criticado a varios magistrados del CNE.
Por su parte, Martinéz afirmó en los micrófonos de Blu Radio, que “de este señalamiento, desde el Presidente Petro, surge un tipo, de lo que nosotros llamamos, violencia simbólica, que es invisibilizarme a mí, mi formación, mi ser, mi responsabilidad, mi autonomía, ´para trasladársela a este caso por ‘ser la esposa de...’... Esto es inconcebible. Esto es una falta de respeto a mi condición de servidora pública y de mujer ”.