Ecopetrol enfrenta un momento crítico tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de la compañía.
Este anuncio ha tenido un impacto en el mercado bursátil, provocando una caída en el valor de las acciones tanto en Colombia como en Estados Unidos, según los informes de la bolsa de valores.
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La investigación del CNE se centra en presuntas irregularidades durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando Roa era el gerente de campaña. Se sospecha que se excedieron los límites de financiación establecidos por la ley en más de cinco mil millones de pesos.
Este escándalo por financiación ilegal de la campaña ha generado incertidumbre entre los inversores, lo que se refleja en la caída del 4.45% en el precio de las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cerrando en 1.825 pesos.
En el mercado estadounidense, la situación no es diferente. En Wall Street, las acciones de Ecopetrol cerraron a 8.60 dólares, lo que representa una disminución del 4.20% en comparación con el precio de cotización del 7 de octubre. En días recientes, las acciones habían alcanzado un valor de 9.26 dólares, consolidando así la tendencia a la baja.
Además de los cargos formulados por el CNE, un informe de J.P. Morgan ha contribuido a la incertidumbre. El banco de inversión redujo en un 30% el precio objetivo de las acciones ADR de Ecopetrol para diciembre de 2025, lo que ha generado preocupación sobre la viabilidad de invertir en la compañía.
Este ajuste se debe a varias preocupaciones, entre ellas el “entorno geopolítico turbio” que enfrenta la empresa, caracterizado por bloqueos frecuentes y atentados a su infraestructura de transporte, según el informe de JP Morgan.
La reciente renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta a la junta directiva de Ecopetrol ha generado un impacto significativo en la empresa, que también podría exponer una de las causas de por que su inestabilidad bursátil está bien definida en los principales mercados de valores.
Ambos directivos decidieron dejar sus cargos tras la negativa de la petrolera a participar en el proyecto CrownRock en la cuenca del Permian, Estados Unidos, propiedad de Occidental Petroleum Company (Oxy).
Según un documento presentado por los exdirectivos, consideraban que el proyecto era crucial para el futuro de la compañía y sus más de 250,000 accionistas.
Además, la decisión del Gobierno de revertir los incrementos en el precio del diésel, tras el paro camionero de septiembre, ha añadido presión sobre la compañía.
Esta medida, junto con un posible conflicto de agencias por la decisión de no adquirir una participación en CrownRock, ha generado incertidumbre sobre la estrategia de crecimiento de Ecopetrol en el sector del fracking en Estados Unidos.
En términos financieros, Ecopetrol reportó una caída del 17.4% en su utilidad neta durante el segundo trimestre de 2024, alcanzando los 3.37 billones de pesos.
Qué puede pasar con Ricardo Roa y su puesto como directivo de Ecopetrol
La ponencia que solicita la apertura del proceso contra Ricardo Roa fue radicada el 8 de octubre, y expertos consultados por el medio han señalado que, de formularse cargos, la continuidad de Roa al frente de Ecopetrol podría verse comprometida.
Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual, destacó en una entrevista con Portafolio la importancia de cumplir con las normas de buen gobierno corporativo, especialmente dado que Ecopetrol cotiza en Estados Unidos y debe adherirse a la Ley Sarbanes-Oxley (ley de Estados Unidos que se creó en 2002 para mejorar la transparencia y la confianza en las empresas que cotizan en bolsa).
En marzo, Saúl Kattan, entonces presidente de la junta directiva de Ecopetrol, mencionó un informe de la firma Control Risk que evaluaba los efectos de las investigaciones sobre Roa. Kattan aclaró al medio mencionado que el documento no sugería la salida de Roa de la presidencia, aunque planteaba diversos escenarios que la nueva junta directiva debería monitorear cuidadosamente.
Con la aprobación de la ponencia por parte del CNE, se notificará a los involucrados, incluyendo al primer mandatario, y se abrirá un plazo de 15 días para responder a los cargos. Esta etapa inicial permitirá la petición de pruebas y la presentación de una defensa. Posteriormente, se desarrollará un término probatorio de 60 días, concluyendo con los alegatos finales.