El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que se planea entregar al próximo gobierno un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) sin déficit significativo, lo que, según él, representa una solución al problema estructural del fondo.
Bonilla reiteró que, a pesar de la controversia, los precios del diésel deberán subir “tarde o temprano”, una medida necesaria para reducir el déficit del Fepc. Además, lanzó una crítica al gobierno anterior, señalando que el déficit proyectado para el 2024 alcanzaría los 10,5 billones de pesos únicamente por el diésel.
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Sin embargo, destacó que, gracias al aumento de 800 pesos por galón en 2024, se había logrado un ahorro de 0,4 billones de pesos, lo que permitirá reducir el déficit a cinco billones de pesos en 2025. “En 2025, quedaría en cinco billones de pesos y se lo entregaríamos al siguiente gobierno resuelto”, concluyó el ministro.
Una de las quejas recurrentes del actual Gobierno es la deuda heredada de la administración anterior. Bonilla señaló que el Fepc, aunque no se incluía oficialmente en las cuentas del déficit fiscal, representa una carga financiera que debe ser cubierta con los recursos de los contribuyentes.
En 2023, los ministerios de Hacienda y Crédito Público, junto con el Ministerio de Minas y Energía, pusieron en marcha una campaña de 13 meses para ajustar el precio de la gasolina en Colombia, alineándolo con los valores internacionales y eliminando la necesidad de subsidios por parte del gobierno. Este incremento paulatino permitió que, a finales del proceso, el precio de la gasolina alcanzara un valor acorde con el mercado global, una medida clave para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
Sin embargo, el caso del diésel fue tratado con mayor cautela. El ministro de Hacienda explicó que no era posible realizar el mismo ajuste simultáneamente con el diésel debido a su impacto directo en el sector transporte. “Tarde o temprano hay que ir cerrando la brecha como se cerró la de la gasolina. El proceso de gradualidad es de qué manera lo hacemos”, afirmó Bonilla.
Durante meses, el Gobierno mantuvo conversaciones con los gremios del transporte, que expresaron su preocupación sobre cómo un alza inmediata afectaría los costos de los fletes. Según Bonilla, los transportadores señalaron que no podían ajustar los precios de los fletes al ritmo necesario para acompañar un incremento rápido del diésel. “Las bases camioneras dijeron ‘no, vamos haciéndolo poco a poco y vamos mirando qué pasa con los fletes’”, explicó el ministro, detallando el consenso alcanzado.
El aumento en el precio de los combustibles, específicamente en 400 pesos, tendría un impacto directo en la inflación del país, elevándola en 0,05 puntos porcentuales tanto en septiembre como en diciembre. Este ajuste se realizaría en dos fases, lo que reflejaba un incremento gradual del precio de los combustibles fósiles en un intento por alinear los precios nacionales con los internacionales.
Desde una perspectiva fiscal, las proyecciones del Gobierno indicaban que el ahorro inicialmente previsto de 1,4 billones de pesos para el año se reduciría considerablemente a solo 400.000 millones de pesos. Esta disminución en el ahorro respondía a la necesidad de avanzar de manera gradual con el ajuste del precio del combustible para evitar una carga económica excesiva en la población.
Sin embargo, a pesar de esta menor reducción del déficit a corto plazo, Ricardo Bonilla expresó confianza en que el problema estaría resuelto para 2026, momento en el que se espera que el nuevo gobierno reciba un Fepc más equilibrado.
Bonilla no desaprovechó la ocasión para lanzar una crítica a sus predecesores, recordando que el gobierno anterior había dejado una solución incompleta para el déficit del. Según explicó, la administración pasada había implementado un plan que recurría cada año a los recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit, en lugar de abordar la raíz del problema mediante el cierre del diferencial de precios. “Eso sí es solucionar el problema”, afirmó.
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