El proyecto de ley que busca regular el acceso a la eutanasia en Colombia ha superado su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, luego de dos meses de haber sido radicada en el Congreso de la República.
La noticia fue entregada por el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, coautor de la ponencia que hoy está un paso más cerca de convertirse en ley de la República.
“Avanza en el Congreso nuestro proyecto para regular la muerte médicamente asistida, un paso hacia adelante en la garantía de la dignidad humana. Vamos con toda para segundo debate en Plenaria de Cámara”, escribió el congresista en sus redes sociales.
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Sin embargo, la iniciativa, presentada el 20 de julio en compañía del senador Humberto de la Calle Lombana, también ha sido objeto de intensas discusiones durante dos días de discusión en la comisión.
Conocida como proyecto de ley estatutaria 014 de 2024, tiene como objetivo regular las condiciones para que las personas puedan ejercer su derecho a una muerte digna mediante la modalidad de muerte médicamente asistida.
Este derecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional desde 1997, y el proyecto busca establecer normas para garantizar tanto su goce efectivo como la seguridad jurídica de los profesionales de la salud que lo practiquen.
Durante el primer debate, se aprobaron 39 de los 61 artículos que componen la ponencia. El representante Losada defendió el proyecto argumentando que el derecho a una muerte digna está intrínsecamente ligado al derecho a la vida.
“El proyecto legisla sobre la vida digna, porque para vivir dignamente es necesario poder morir de manera digna”, afirmó Losada. Añadió que obligar a una persona a seguir viviendo en medio de intensos sufrimientos físicos o psíquicos cuando no lo desea es un trato cruel, inhumano y degradante.
Uno de los puntos clave del proyecto es la prevalencia de la autonomía del paciente. Según la ponencia, la voluntad del paciente será respetada y primará durante todo el trámite de la solicitud de muerte médicamente asistida; es decir, los médicos deberán analizar las solicitudes atendiendo siempre a la voluntad de la persona. Además, el documento de voluntad anticipada (DVA) tendrá un valor jurídico y su contenido deberá ser acatado y respetado.
“En este documento la persona en forma anticipada manifiesta de manera libre, expresa, autónoma, específica, clara, consciente, inequívoca e informada su voluntad y consentimiento respecto de las diferentes modalidades para ejercer su derecho a morir dignamente”, se lee en el documento hasta ahora aprobado.
El proyecto también aborda temas polémicos como la objeción de conciencia y el derecho a morir dignamente de niños y adolescentes. En cuanto a la objeción de conciencia, se establece que los profesionales médicos podrán ejercer este derecho si consideran que el procedimiento es incompatible con sus convicciones personales.
“El profesional médico asignado para la realización del procedimiento de la muerte médicamente asistida podrá ejercer su derecho fundamental a la objeción de conciencia respecto de la realización del procedimiento por considerarlo incompatible con sus convicciones personales”, añade el articulado.
Respecto a los menores, el proyecto permite que los niños entre cero y 14 años puedan ejercer su derecho a morir dignamente mediante la adecuación o suspensión del esfuerzo terapéutico o el acceso a cuidados paliativos. Los adolescentes entre 14 y 18 años podrán acceder a la muerte médicamente asistida con el consentimiento propio y el de quienes ejerzan la patria potestad.
“Los niños, niñas y adolescentes entre los 14 y los 18 años pueden acceder, adicionalmente, a la muerte médicamente asistida en los términos previstos en la presente ley y en las normas que la reglamenten, siempre y cuando concurran su consentimiento y el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad”, reza el documento.
Se espera que en los próximos días se realice el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se continuará discutiendo este proyecto de ley que busca regular un derecho fundamental en Colombia.