El pasado 13 de septiembre, salió a la luz un documento de impugnación a través del cual el presidente Gustavo Petro intentaba evitar cumplir con el fallo del Consejo de Estado que le exigía retractarse de sus acusaciones contra Enrique Vargas Lleras.
Sin embargo, el presidente decidió finalmente obedecer dicha resolución y retirar sus declaraciones, pero igualmente aseguró que “por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”.
No obstante, las diferencias entre Enrique Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro continúan en pie. Aunque el mandatario colombiano se retractó de sus acusaciones previas contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el empresario argumenta que esta disculpa no cumple con las normas legales ni éticas requeridas para considerarse una rectificación adecuada.
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En una reciente entrevista en el medio Blu Radio, Enrique Vargas Lleras manifestó claramente su descontento con la retractación presentada por el presidente Petro.
Vargas dijo sobre las acusaciones de Petro respecto a presuntas irregularidades en la Nueva EPS, de la cual Vargas Lleras formó parte del consejo directivo que “no ha habido una retractación, no ha presentado las excusas ni la rectificación”.
El viernes 13 de septiembre, Gustavo Petro difundió un comunicado de dos páginas en el que expresó su retractación. Sin embargo, añadió una serie de aclaraciones que, según Vargas Lleras, debilitan el objetivo de la retractación. “El presidente dice ‘me retracto’, pero después se ratifica en lo que había dicho originalmente. Entonces, ¿Dónde está la rectificación?”, expresó Vargas Lleras sobre las palabras del presidente de la República.
Vargas Lleras subrayó que la retractación no obedeció lo dispuesto por el Consejo de Estado, ya que en lugar de ofrecer disculpas directas, Petro empleó la objeción de conciencia para respaldar sus afirmaciones previas. A esto añadió que “no podemos maltratar el derecho ni hacer uso de figuras constitucionales para desconocer los fallos. Este es un esguince a un fallo judicial y no es de recibo”.
El hermano del líder político del partido de oposición Cambio Radical cuestionó que mencionara la objeción de conciencia en dicho caso, ya que esta figura suele aplicarse a contextos como el servicio militar, la eutanasia o el aborto, y no a sentencias judiciales sobre honor y reputación. Vargas Lleras fue enfático en rechazar el intento de Petro, afirmando en la entrevista de Blu Radio que la objeción de conciencia no se puede aplicar en este tipo de situaciones.
Vargas Lleras consideró que el empleo de esta figura no solo es inapropiado, sino que constituye un intento de evadir las obligaciones legales. Señaló que el presidente sigue relacionándolo con supuestas irregularidades en la Nueva EPS, lo que, a su juicio, es una “retractación falsa”. Ante esta circunstancia, Enrique Vargas Lleras no descartó la posibilidad de presentar un incidente de desacato contra el presidente Petro, argumentando que no cumplió con lo ordenado por el Consejo de Estado.
El empresario sugirió que el desacato puede aplicarse tanto al presidente como a los más altos funcionarios , insinuando que el caso podría llevar a sanciones judiciales más serias para el jefe de Estado, como el arresto. Vargas Lleras afirmó que ya comunicó a la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el incumplimiento de la orden judicial. Ahora, corresponde al Consejo evaluar si la objeción de conciencia presentada por el presidente de la República justifica su actuación.
El punto de partida de la diferencia entre ambos personajes radica en señalamientos del primer mandatario, quien apuntó que, durante su gestión al frente de cierta entidad de salud, un exfuncionario habría omitido cuantiosas sumas de dinero. El aludido interpretó tales imputaciones como un ataque a su reputación e integridad, motivándolo a emprender acciones legales con el objetivo de que el jefe de Estado se retracte públicamente de sus dichos.
El Consejo de Estado emitió un fallo instruyendo al primer mandatario a retractarse de ciertas declaraciones, al carecer estas de respaldo probatorio. No obstante, la manera en que el primer funcionario abordó dicha rectificación ha sido tildada por la contraparte como imprecisa e insatisfactoria.