El alcalde de Ipiales (Nariño), José Amilcar Pantoja, responsabiliza al Estado colombiano en caso de que sea víctima de algún tipo de atentado contra su vida, luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le enviara una carta, el miércoles 11 de septiembre, notificándole que en 20 días se quedará sin esquema de protección.
Según lo que afirmó el mandatario local, los argumentos expuestos radican en que no consideran que haya un riesgo “alto” en su seguridad, a pesar de haber recibido, según él, al menos seis amenazas desde su posesión el primero de enero de 2024.
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En entrevista con Blu Radio, Pantoja aseguró que hace poco presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, donde expuso las amenazas de las que ha sido objeto. Indicó que sus alertas a la comunidad sobre el posible sabotaje en las válvulas que surten agua a los ipialeños pudo haber sido el detonante de su situación. “Lo único que digo es que estamos al frente del municipio, estamos cambiando la historia, y no quiero pensar que me vaya a pasar algo. No me detengo en eso, pero sé que las cosas pueden cambiar. En este caso, como lo dejaré claro en el recurso de apelación, hago responsable al Estado colombiano de lo que me pueda suceder”, indicó el mandatario.
Agregó al medio citado que se cuestiona de bajó qué criterios se asignan los esquemas de protección a los gobernantes, pues aseguró que la persecución hacia él se mantiene. “No entiendo cómo mide la UNP el riesgo de los alcaldes, sabiendo que he sido perseguido y amenazado por bandas delincuenciales y contratistas a quienes he denunciado por los elefantes blancos que han puesto en riesgo mi vida”, dijo.
Pantoja aseguró que ya apeló la decisión de la UNP y espera no enfrentar peligros una vez se retire su esquema de protección. Resaltó que Ipiales es un punto clave para grupos criminales que buscan establecer sus operaciones, principalmente por su cercanía con la frontera con Ecuador, pero que, según dijo, no permitirá que esto suceda. Señaló la contradicción del asunto, recordando que ha sido blanco de múltiples amenazas por sus denuncias e incluso sufrió un atentado en el que dispararon contra su vehículo. Afortunadamente, no hubo heridos y el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Las denuncias del alcalde en medio de crisis del agua en Ipiales
El viernes 19 de julio de 2024, se desató una grave crisis de abastecimiento de agua potable en Ipiales (Nariño), lo que en su momento generó una profunda tensión social y administrativa. Ante la emergencia, el alcalde Amílcar Pantoja impuso toque de queda y una ley seca para contener el malestar social.
Para enfrentar el desabastecimiento de agua, se dispuso de siete carrotanques que distribuyen el líquido en los sectores más afectados de la ciudad, con apoyo de municipios como Pupiales y Túquerres. Las plantas de tratamiento de agua de Pupiales, Aldana, Potosí, Carlosama y Cumbal también colaboraron en la contingencia.
Sin embargo, la distribución enfrentó problemas adicionales. En la noche del viernes, los conductores de los carrotanques fueron agredidos por habitantes de los barrios, quienes incluso les quitaron las llaves de los vehículos para evitar la distribución del agua, informó el alcalde Pantoja. Asimismo, reconoció que el sistema de acueducto del municipio es “viejo y obsoleto”. Del mismo modo, el alcalde decidió cerrar las válvulas en algunos sectores para evitar que unos habitantes agotaran el suministro de agua en perjuicio de otros.
El alcalde mencionó que la construcción de una nueva planta de tratamiento se inició en julio de 2023 y debía estar lista en julio de 2024. Sin embargo, la obra está retrasada debido a un faltante de $3.000 millones, los cuales la administración municipal está gestionando.
Según indicó Pantoja, la planta de tratamiento proyectada, cuyo costo asciende a $32.000 millones, no representa la solución definitiva al problema, al argumentar que la solución a corto plazo radica en la construcción de dos pozos profundos y, a largo plazo, en el desarrollo de una nueva fuente de abastecimiento del acueducto a partir del río Carchi. Esta obra requeriría una inversión de aproximadamente $60.000 millones.