A partir de las 9:00 a. m., del jueves 12 de septiembre, las Comisiones Económicas del Congreso reanudan el debate para definir el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. La decisión se toma en un contexto de incertidumbre luego de que la sesión del miércoles, tras siete horas de deliberaciones, terminara sin un acuerdo sobre la cifra definitiva.
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El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y la Comisión Tercera del Senado rechazaron la propuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que ascendía a 523 billones de pesos. Además, tampoco fueron aceptadas las otras propuestas que oscilaban desde los 499 billones de pesos.
La ley estipula que las proposiciones presupuestales deben ser aprobadas positivamente por las cuatro comisiones económicas, compuestas por dos de la Cámara y dos del Senado. Sin embargo, el camino hacia un consenso no está claro en el Capitolio.
En una propuesta alternativa, el presidente del Senado sugirió un monto de 511 billones de pesos, excluyendo los 12 billones de pesos previstos de la reforma tributaria presentada por el Gobierno esta semana en el Congreso. Esta propuesta también fue rechazada, aunque Cepeda expresó optimismo al concluir el debate: “Todavía hay espacio hasta el 15 de septiembre. Si se abre y se vota, pues esa es la que se debe regir”.
El conservador Cepeda añadió que “el peor de los escenarios para todos es un presupuesto por decreto”, refiriéndose a una situación mencionada en múltiples ocasiones por el presidente Gustavo Petro.
El complejo panorama augura otro intenso día de debates en busca de una resolución que permita avanzar en la aprobación del presupuesto, esencial para la gestión fiscal del próximo año.
Por ahora se debe esperar a que el debate comience y ver si se logra el cuórum para la discusión, ya que a varios congresistas que hacen parte de las comisiones económicas del Legislativo se les ha visto en Cartagena en Confecámaras.
El presupuesto y la ley de financiamiento
El presupuesto general de la Nación para 2025 en Colombia, propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro, ha desencadenado una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. Con un monto total de 523 billones de pesos, incrementando un 3.9% en comparación con el año anterior, la propuesta busca establecer un modelo económico más productivo y con justicia social y ambiental. Sin embargo, 12 billones de pesos incluidos en esta cifra están sujetos a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento presentado al Congreso.
El presidente Petro ha expresado su determinación de avanzar con el presupuesto a pesar de la oposición del Congreso. Según Petro y la Constitución, el presupuesto es “decretable”, lo que permite al Gobierno implementarlo mediante decreto incluso sin el aval del Congreso. En este contexto, el mandatario ha hablado de la necesidad de aprovechar esta oportunidad para reactivar la economía, mencionando la reducción del impuesto de renta a las empresas como una medida clave. Este planteamiento, sin embargo, no ha encontrado eco en las comisiones económicas del Congreso, las cuales han rechazado el monto propuesto, ofreciendo diversas alternativas sin llegar a un consenso definitivo.
Entre las principales preocupaciones de algunos congresistas está la posibilidad de evitar una nueva reforma tributaria que imponga mayores cargas fiscales. Aunque han surgido propuestas de ajuste, la falta de acuerdo ha complicado la aprobación del presupuesto tal y como fue presentado. La incertidumbre fiscal continúa siendo un obstáculo significativo, y la posibilidad de que el presidente decreta el presupuesto no soluciona el problema de la financiación.
La crisis económica actual añade una capa de complejidad a esta situación. La necesidad de recaudar recursos adicionales en medio de la crisis representa un desafío considerable. Además, la postura firme del Ejecutivo y del Congreso en sus respectivos enfoques ha perpetuado una atmósfera de tensión política en torno al presupuesto. El debate consiste en encontrar un equilibrio entre las diversas prioridades financieras y las preocupaciones fiscales, con el futuro económico de Colombia en juego.
Si bien el presupuesto podría ser decretado, este aún enfrenta el desafío de la desfinanciación, lo que podría implicar una necesaria reorganización fiscal. Este escenario subraya la importancia de construir puentes de diálogo y cooperación entre las instituciones del país para encontrar soluciones viables a largo plazo.
Por su parte, según le dijo a La W Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, que “hay que tener la sensatez de hacer una discusión de un proyecto, que lo decide el Congreso de la República, tal y cual como lo define el artículo 334 constitucional, y que está considerando que no es viable ese monto de 523 billones”, aseveró. Basado en esto concluye que quien lo aprueba indiscutiblemente podría hacer un ajuste, que sería por el lado del gasto.