En la madrugada del sábado 31 de agoto el alcalde mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán realizó una ‘megatoma’ en el sector de Piamonte en la localidad de Bosa.
Estas intervenciones realizadas por la alcaldía buscan combatir la ilegalidad en todos los establecimientos que operan fuera de la ley.
Esta vez Galán recorrió toda la zona donde descubrió que varios establecimientos bajo la figura de sindicatos llevan a cabo actividades ilícitas.
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En Bogotá la figura de “sedes sindicales” se ha convertido en una fachada para que numerosos negocios nocturnos operen ilegalmente aprovechando los beneficios y protecciones que la ley otorga a locales relacionados con labores sindicales.
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El alcalde por medio de su cuenta oficial de X, explicó la situación: “Estamos en Bosa Piamonte haciendo una megatoma. Nos hemos encontrado con el abuso de la figura de los sindicatos. Bajo esa figura de sindicato están operando sitios donde ocurren todo tipo de actividades ilegales: distribución y consumo de drogas, porte ilegal de armas, presencia de menores de edad, entre otras. Vamos a trabajar para acabar con esto. No podemos permitir que siga sucediendo en Bogotá”, enfatizó el mandatario local.
Galán también le hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a las autoridades para que se sumen a este propósito de desarticular estas operaciones ilegales que están reemplazando a los antiguos “amanecederos” y clubes sociales, pero ahora bajo la fachada de sindicatos.
“Ya hemos logrado enfrentar y cerrar varios de estos lugares en diferentes localidades y vamos a seguir actuando con firmeza”, agregó el alcalde en su publicación.
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Denuncian irregularidades en 100 bares de Bogotá: “Se hacen pasar por sindicatos” para ocultar explotación sexual y otros delitos
El 9 de julio de 2024 el concejal de Bogotá Julián Uscátegui alertó sobre el uso ilícito de la figura de sedes sindicales en establecimientos nocturnos en la capital del país. Según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en el 2023 se identificaron 108 bares clandestinos disfrazados de sindicatos. Actualmente, 96 siguen activos.
Para Uscátegui personas inescrupulosas se aprovechan de la protección legal que les otorga la ley a las sedes sindicales para “evadir a las autoridades y realizar todo tipo de actividades contrarias a la seguridad y convivencia en Bogotá”, señaló.
En ese sentido, el concejal dijo que usan la fachada para eludir a las autoridades distritales y ocultar actividades ilegales como explotación sexual, venta y consumo de licor adulterado, venta y consumo de estupefacientes, entre otros delitos.
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Uscátegui también alertó sobre las localidades de Bogotá en las que hay más presencia de bares que se hacen pasar por sindicatos. Entre ellas destacan Ciudad Bolívar, con 18, seguido de la localidad Antonio Nariño, con 10; Chapinero, con 10; Mártires, con 8; y Teusaquillo, con 7.
Según el concejal, el problema radica en las limitaciones que tienen las autoridades para ingresar y desmantelar los centros nocturnos bajo la figura de una sede sindical. Esto a su juicio incide en la inseguridad y en problemas de convivencia por la venta de drogas y servicios sexuales ya que operan sin restricción de horario.
A su vez, afirmó que se deben tomar acciones por parte de las instituciones responsables pues “es totalmente impresentable que barrios residenciales deban padecer el funcionamiento ilegal de rumbeaderos y las autoridades no puedan hacer nada”. Igualmente, señaló que estar expuesto a este tipo de actividades afecta la calidad de vida de los residentes de las zonas afectadas, ya que “no es calidad de vida vivir entre ruido, alcohol, drogas y prostitución”.
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Ante la problemática, Uscátegui le hizo un llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá en ese momento para trabajar con el Gobierno nacional en medidas e iniciativas concretas que marquen la hoja de ruta para el cierre de este tipo de establecimientos y para asegurar la integridad de los ciudadanos y cumplir con los parámetros establecidos en la ley.
Además, subrayó que cuando el derecho de asociación se utiliza de manera fraudulenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá imponer multas equivalentes al monto de 1 a 50 veces el salario mínimo mensual más alto legal vigente.