El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) emitió un ultimátum al Gobierno Petro, amenazando con tomar “vías de hecho” si no se cumplen sus demandas.
La movilización indígena que se concentra en Bogotá incluye a unas 4.500 personas que han establecido un campamento en el parque El Renacimiento.
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La tensión surge en medio de las negociaciones entre el Cric y el Gobierno, ya que los líderes indígenas insisten en que se protocolice un decreto previamente acordado. Los manifestantes han especificado que si el Gobierno no se presenta en el parque el 29 de agosto a las 9 de la mañana para formalizar el decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental), tomarán acciones de hecho, como informaron en un video difundido en sus redes sociales.
El decreto al que se refieren hace parte de los acuerdos que se alcanzaron por la movilización comenzada el 22 de agosto en Bogotá. Para entonces estaba listo para la firma, sin embargo, hubo preguntas por el aparente poder que acumularían las comunidades indígenas.
La movilización en Bogotá comenzó entre el 19 y el 21 de agosto, atrayendo a más de 3.000 personas que se desplazaron a la capital para presionar al Gobierno con el fin de que atiendan sus demandas y para buscar una reunión directa con el presidente Gustavo Petro. Entre los participantes se encuentran 139 autoridades indígenas de diversas comunidades, incluidos los nasa, yanakuna, kokonuko, misak y ambaló, quienes forman parte del Cric.
En entrevista con El Colombiano, Yesid Conda, consejero mayor del Cric, explicó que el documento busca fortalecer la gobernabilidad territorial indígena ante terceros y busca enriquecer la ya existente jurisdicción especial indígena.
“Por ejemplo, se busca que proyectos mineros no podrían entrar de manera libre a nuestros territorios, esto garantizaría una protección ambiental. También se planteó el impulso del comercio indígena a través de la consolidación de una zona franca indígena”, afirmó Conda en el diario.
La situación refleja una creciente presión y urgencia mientras las autoridades evalúan cómo responder a las solicitudes de los manifestantes, con el objetivo de evitar una mayor escalada de las protestas. La movilización indígena en el centro de la capital ha atraído la atención nacional y muestra la persistencia de las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y en la búsqueda del cumplimiento de acuerdos gubernamentales alcanzados previamente.
Por su parte, desde la Agenda Nacional Campesina indicaron que “ese acuerdo solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas. Insistimos en un pacto intercultural por el territorio”.
Según los campesinos, les preocupa la posibilidad de quedar subordinados a los indígenas. Pues muchos de los agricultores están ubicados en zonas de reserva forestal (establecidas en la ley segunda de 1959) y en baldíos que, en últimas, podrían pasar a ser controlados por los indígenas. “Quedaríamos subordinados al CRIC del Cauca. La ruta debe ser el diálogo intercultural, sin imposiciones”, advirtió la Agenda Nacional Campesina.
Qué son las vías de hecho
Las acciones conocidas como “vías de hecho”, frecuentemente utilizadas por diversas comunidades indígenas en Colombia, incluyen bloqueos y ocupaciones de infraestructuras de transporte fundamentales. Estas medidas se adoptan como estrategia para exigir la atención del gobierno de turno sobre sus demandas y derechos no atendidos.
Las vías de hecho representan una forma de lucha intensa y visible que ha sido recurrentemente implementada en conflictos sociales en Colombia. En este caso, los indígenas del Cauca declaran estar preparados para movilizarse a través de bloqueos activos que podrían paralizar significativas arterias viales si sus solicitudes continúan sin respuesta.
Estas comunidades, históricamente marginadas y cuyas tierras y derechos han sido continuamente vulnerados, consideran las vías de hecho no solo una medida de protesta, sino un mecanismo efectivo de presión política. La firma del decreto Atea se percibe como un paso adelante en la reivindicación de sus derechos y en la protección de sus territorios contra la explotación, por eso se encuentran desconcertados ante el hecho de que no se haya firmado aún.
Con la pretensión de asegurar el cumplimiento de estos acuerdos, no es la primera vez que estas estrategias de protesta son utilizadas en Colombia. Las comunidades procuran recordar mediante estas acciones que sus demandas no han sido satisfactoriamente atendidas y que están dispuestas a recurrir a medidas extremas para ser escuchadas.