En medio de la creciente controversia en torno al proyecto de ley de jurisdicción agraria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, la representante a la Cámara Katherine Miranda intensificó sus críticas al Ejecutivo, publicando un video en sus redes sociales como respuesta directa a los comentarios del presidente sobre la presunta “expropiación exprés”. Este cruce de declaraciones encendió el debate sobre la propiedad privada y los alcances del proyecto gubernamental.
El proyecto determina las responsabilidades de los jueces especializados en temas agrarios y especifica los conflictos que estarán bajo su jurisdicción, tales como disputas sobre la propiedad y uso de la tierra, derechos de servidumbre agrícola, la delimitación de terrenos rurales, y los problemas que puedan surgir de las actividades productivas en el sector agrario, entre otros aspectos.
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De esta manera, la iniciativa fue objeto de preocupación para diversos sectores políticos, entre ellos, la representante Miranda, que alertó sobre lo que considera aspectos altamente inconvenientes para el país, especialmente en relación con la posible figura de “expropiación exprés” que, según ella, se ocultaría dentro de la normativa propuesta.
Miranda, a través de un hilo en X, llamó la atención sobre el numeral 4 del artículo 5 del proyecto, que refiere a la función social y ecológica de la propiedad agraria. En dicho artículo, se establece que las actividades relacionadas con la reforma agraria y el desarrollo rural son de “utilidad pública”, lo cual, según la congresista, podría abrir la puerta a la expropiación de tierras bajo criterios que no necesariamente buscan el beneficio colectivo, sino la entrega de propiedades a terceros.
El presidente Petro no tardó en responder a estas acusaciones, utilizando también la plataforma X para cuestionar la postura de Miranda. En su mensaje, el mandatario sugirió que la representante desconocía cómo se llevan a cabo actualmente obras públicas que requieren expropiaciones, como la construcción del metro elevado o las troncales de TransMilenio en Bogotá, proyectos en los cuales se requirió la expropiación de terrenos privados para el beneficio común.
“Esta es una de las opiniones con más carga de desconocimiento de las que escucho. ¿Cómo cree la representante que se construye actualmente el metro elevado o las troncales de Transmilenio que hicieron los alcaldes que ella misma apoyó? (sic)”, fue la pregunta que lanzó Petro, destacando la importancia de la expropiación en obras de infraestructura pública.
En un video compartido posteriormente en sus redes sociales, Miranda respondió con contundencia, afirmando que la comparación realizada por el presidente es errónea y que el contexto del proyecto de jurisdicción agraria no es equiparable a las obras de infraestructura mencionadas.
“Presidente Gustavo Petro, por favor, no insulte la inteligencia de los colombianos”, comienza diciendo Miranda en el video. La congresista insistió en que las expropiaciones en los casos mencionados por Petro están justificadas bajo el principio de utilidad pública e interés social, ya que benefician a toda la población; sin embargo, argumentó que el proyecto de ley en cuestión busca elevar a categoría de utilidad pública cualquier predio rural o agrario susceptible de ser expropiado, lo que, según ella, no beneficiaría necesariamente a la sociedad en su conjunto.
“Seamos claros frente a la sociedad colombiana y demos la discusión de frente al país”, concluyó Miranda en el video, enfatizando la necesidad de un debate público y transparente sobre los alcances reales de la propuesta legislativa.
El enfrentamiento entre Miranda y el presidente Petro puso en el centro de la discusión el papel de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la implementación de este proyecto. Miranda denunció que, según el parágrafo 1 del artículo 12 del proyecto, los procesos agrarios especiales, entre ellos la expropiación, quedarán en manos de la entidad, lo que, a su juicio, debería ser competencia exclusiva de un juez de la República para garantizar un proceso justo y equitativo.
A pesar de las críticas, el Gobierno, representado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió el proyecto, asegurando que no se busca expropiar tierras por vía administrativa sin el debido proceso judicial.