Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara el domingo 25 de agosto de 2024 la apertura de una indagación previa contra funcionarios que se encuentran por determinar, que hacen parte de la Universidad Militar Nueva Granada (Umng), por unas presuntas irregularidades en la compra de un edificio ubicado en la calle 94 al norte de Bogotá, la institución compartió un comunicado en el que dio a conocer algunas decisiones con las que esperan “garantizar el bienestar de estudiantes, profesores y personal administrativo”.
En el boletín de prensa, la universidad comenzó por explicar que el edificio fue adquirido durante la gestión fiscal de 2021, por lo que las actuales directivas tomaron algunas decisiones sobre la sede para posgrados de la calle 94.
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De acuerdo con el documento, entre las medidas para garantizar el bien de la comunidad educativa se encuentran:
- Contratar una consultoría de patología estructural y un estudio de vulnerabilidad sísmica para establecer el estado del edificio.
- Mientras se conocen los resultados del estudio, los estudiantes del premédico fueron reubicados de manera temporal en nuestra sede de la calle 100.
- Como medida de prevención, se restringió el uso del parqueadero del edifico de la calle 94, el cual solo es utilizado para bicicletas y patinetas.
En cuanto a las investigaciones que se conocieron sobre la universidad y el edificio, la actual rectoría, en cabeza del mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, reiteró su ánimo de “disposición, colaboración, total apoyo y respeto a las acciones e investigaciones administrativas, disciplinarias y penales que adelantan actualmente los entes de control por la gestión fiscal de años anteriores y las determinaciones que se adopten”.
Por último, en el comunicado a la opinión pública, la Umng aseguró que desde la posesión del nuevo rector en su cargo, la cual se llevó a cabo el 12 de febrero de 2024, se resalta la “política institucional de transparencia como eje fundamental para la excelencia en la administración y gestión de recursos”.
Qué busca la Procuraduría General
De acuerdo con el Ministerio Público, luego de realizar una indagación preliminar, se encontraron presuntas irregularidades en la compra del edificio de la sede de la calle 94 al norte de Bogotá por parte de la Universidad Militar Nueva Granada.
En el informe se conoció que las presuntas irregularidades se refieren a daños y afectaciones que ascienden a 14.500 millones de pesos, por lo que con la investigación se espera identificar posibles responsables, establecer si hubo conducta constitutiva de falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Según el estudio, la sede presenta fallas estructurales y parqueaderos inutilizables, además, la licencia de construcción que posee el edificio fue expedida para actividades comerciales y de servicios, no para fines educativos, según las conclusiones de la delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal.
La Universidad Militar podría enfrentarse a gastos adicionales no considerados inicialmente, dado que estos costos estarían relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y las posibles reparaciones y adecuaciones necesarias para el correcto uso del inmueble.
Por tal motivo, la Procuraduría enfatizó que estos análisis son esenciales y deberían haber sido ejecutados antes de efectuar la compra, lo que podría señalar una deficiencia en la planificación del proyecto desde su inicio.
A raíz de estos hallazgos, el Ministerio Público evaluará si los funcionarios responsables realizaron un peritaje adecuado previo a la adquisición del edificio y de no ser así, estos podrían enfrentar acciones disciplinarias por falta de previsión y manejo inadecuado de recursos públicos.
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