La Gobernación de Antioquia ha iniciado un proceso para enajenar 62 bienes inmuebles, entre los que se incluyen antiguas bases militares, colegios y terrenos estratégicos, con un valor registrado de 135.573 millones de pesos.
De hecho, la iniciativa ya ganó terreno en la Asamblea del departamento que aprobó la ordenanza del 15 en junio de 2024, la cual permitirá a la Gobernación de destinar el 85% de los ingresos provenientes de la venta de bienes inmuebles a proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo del gobernador Andrés Julián Rendón.
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Con la decisión se modifica la ordenanza de 2006 que estipulaba que un 85% de dichos ingresos se destinarían al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y el 15% restante a la gestión del pasivo pensional del Departamento.
Según el inventario de la Gobernación, hay 62 inmuebles identificados como susceptibles de enajenación y, aunque el valor registrado supera los 130.000 millones, la valoración en el mercado podría ser considerablemente mayor.
Entre estos bienes se destaca la Escuela contra la Drogadicción, inaugurada en diciembre de 2019 por el exgobernador Luis Pérez en un terreno de 20.000 metros cuadrados ubicado en Llanogrande (Rionegro), una zona de alta valorización en el país, con una inversión inicial de 25.000 millones de pesos.
Uno de los argumentos que prevalecieron en la decisión de la Asamblea fue que desde la implementación de la ley 549 de 1999, las medidas adoptadas han permitido acumular fondos suficientes para cubrir el pasivo pensional hasta 2029, generando incluso un superávit. El Ministerio de Hacienda comunicó al Departamento en noviembre del año pasado que los excedentes superaban el 110%, lo que permitió trasladar 110.275 millones de pesos a la educación.
Por su parte, la secretaria de Suministros y Servicios de Antioquia, Ofelia Elcy Velásquez, explicó que aunque la normativa permite la venta, esta no es un hecho inmediato y requiere un proceso interno detallado, que incluye certificaciones de uso urbanístico, avalúos comerciales, y varias autorizaciones administrativas y legales antes de ser subastados a través del Banco Popular o la Central de Inversiones SA (Cisa).
Entre los bienes incluidos en la lista para potencial enajenación también figuran la base militar de Urrao, un lote en la pista de aterrizaje de la base militar de Perales (Puerto Triunfo) y terrenos en Yalí, Yolombó y Amagá. También se considera la venta de propiedades en el Valle de Aburrá, como la recuperadora Fontidueño (Bello) y la Escuela de Trabajo San José.
Algunas voces en la Asamblea han criticado esta medida. El diputado Luis Peláez, del movimiento Dignidad y Compromiso, cuestionó la existencia de un superávit en las pensiones, alegando que las entidades descentralizadas, como los hospitales y la Universidad de Antioquia, no están cubiertas. Peláez también criticó la falta de estudios actualizados sobre el valor comercial de los bienes y los posibles usos alternativos de los mismos.
Por otro lado, el exalcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, cuestionó la posible venta de sitios destinados a proyectos comunitarios o de interés estratégico, como un terreno reservado para una sede del batallón Pedro Justo Berrío y un edificio en el casco urbano que alberga familias desplazadas por la violencia.
La secretaria Ofelia Velásquez puntualizó que no todos los bienes serán necesariamente vendidos, sino que algunos podrían ser transferidos a programas de interés comunitario si los alcaldes así lo solicitan. Por ejemplo, en el caso del Instituto Agrícola de Sonsón, se podría vender la porción ociosa del terreno y conservar las áreas en uso.
Entretanto, la aprobación de la modificación representa solo la primera parte del trámite que le espera al gobernador Andrés Julián Rendón, pues cada enajenación debe incluir la preparación de documentos y avalúos, así como la aprobación de los diputados y su eventual subasta a través de instituciones financieras autorizadas.