El bloqueo de la vía Panamericana por comunidades indígenas en el departamento de Cauca obligó a muchas personas a buscar rutas alternas.
Una de ellas fue la líder social Rosana Mejía, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), que sufrió el robo de su vehículo y del armamento de su esquema de seguridad en un retén ilegal, luego de tomar una carretera alterna.
Según informó, los asaltantes la retuvieron junto a sus escoltas por más de dos horas antes de dejarlos en libertad.
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El incidente ocurrió el miércoles 21 de agosto, cuando Mejía, acompañada de dos escoltas, se encontraba en la vía que comunica los municipios de Totoró y Silvia. Las restricciones impuestas por el bloqueo en la carretera principal llevaron a la lideresa y su equipo a optar por una ruta alterna, lo que los puso en el camino de un grupo armado ilegal.
La consejera relató que el grupo armado, que portaba armas largas, montó un retén ilegal donde obligaron a su equipo de seguridad a entregar sus armas y se llevaron también el vehículo en el que se transportaban.
Mejía explicó que “para cumplir mi agenda, optamos por desplazarnos sobre esta vía y, faltando 10 minutos para llegar a Totoró, caímos en un retén de un grupo al margen de la ley. A los hombres de protección les hicieron entregar el armamento de dotación y se llevaron también el vehículo”.
Proceso de Comunidades Negras, una organización dedicada a la defensa de derechos de comunidades afrodescendientes, expresó su rechazo ante este y otros incidentes similares, que atribuyen a bloques guerrilleros. Estos grupos estarían despojando a líderes y lideresas de los mecanismos de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), dificultando sus labores de liderazgo.
“Rechazamos este y otros hechos que se vienen presentando, presuntamente por bloques guerrilleros, quienes están despojando a líderes y lideresas de los mecanismos de protección que les permiten seguir realizando sus labores de liderazgo”, fueron las palabras de Proceso de Comunidades Negras.
Asimismo, la Unidad Nacional de Protección instó a sus esquemas de protección a no tomar vías alternas en áreas conflictivas como Corinto, Toribío, Jambaló, Silvia y Totoró. La entidad advirtió sobre las posibles acciones del grupo delincuencial ‘Dagoberto Ramos’, que aprovecha estos cierres para secuestrar personas y robar vehículos y armas.
“En razón al cierre de la vía Panamericana, algunos esquemas de protección han decidido circular por carreteables alternos. El grupo delincuencial ‘Dagoberto Ramos’ utiliza esos lugares para secuestrar personas y robar vehículos y armas. Se recomienda a los esquemas UNP no tomar vías alternas en Corinto, Toribío, Jambaló, Silvia y Totoró”, indicó la UNP.
La situación en otros municipios del Cauca, como Buenos Aires y Suárez, también ha sido crítica. Según Rosi Albani, coordinadora de la Mesa de Víctimas del departamento, los grupos armados han llegado al extremo de prohibir el uso de esquemas de protección en sus territorios. Esta situación limita la movilidad y pone en riesgo constante a los líderes sociales que continúan su labor en medio de un contexto de violencia e inseguridad.
La situación en la panamericana
La vía Panamericana, arteria vital para el suroccidente de Colombia, es escenario de tensiones por los bloqueos realizados por comunidades indígenas del Cauca desde hace varios días. La situación ha generado consecuencias en términos de seguridad, con intervención y desalojos por parte de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Dichas intervenciones han derivado en enfrentamientos que han dejado heridos tanto entre manifestantes como entre las fuerzas de seguridad, según informan medios locales.
Además de las consecuencias directas en la seguridad, estos bloqueos han provocado pérdidas económicas considerables. Los reportes señalan que las pérdidas ya superan los 13.000 millones de pesos y han afectado gravemente la movilidad y el transporte de bienes esenciales como alimentos y combustible. El impacto económico se estima en cerca de 1.000 millones de pesos diarios, lo que afecta profundamente a la región y sus habitantes.
La protesta tiene sus raíces en las demandas del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano (Aiso), que exige el reconocimiento de su autoridad tradicional y la firma de un decreto que formalice este estatus. La falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno ha incrementado las tensiones sociales y políticas en esta área.
En medio de esta crisis, la Procuraduría General de la Nación podría jugar un papel crucial para mediar en el conflicto. Se sugieren tres acciones principales: la facilitación de mesas de diálogo entre las comunidades indígenas y el Gobierno nacional, asegurar la actuación de las fuerzas de seguridad de manera proporcional y respetuosa de los derechos humanos, y supervisar la implementación de acuerdos para garantizar el cumplimiento de las promesas hechas a las comunidades indígenas.