No han sido pocas las críticas que en la opinión pública han proliferado contra el cese al fuego que ha decretado el Gobierno con algunos bloques del Estado Mayor Central, una de las dos denominaciones de las disidencias de las Farc en Colombia.
Recientemente, el Consejo de Estado admitió una demanda en contra de los decretos que establecieron y prolongaron las treguas con tales estructuras al margen de la ley. Los demandantes afirman que estas estrategias solo han beneficiado a los grupos guerrilleros.
“Se ha convertido en una habilitación plena para delinquir por parte del EMC por cuanto comporta en la práctica un cheque en blanco sin restricciones al grupo ilegal, lo que se ha traducido materialmente en la imposibilidad de cumplir la obligación del Estado de proteger la vida y garantizar la seguridad”, argumentan.
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En el texto los demandantes reconocen que el Gobierno de Gustavo Petro ha cumplido con lo pactado para avanzar en las negociaciones, pero que son los ilegales los que han abusado de la confianza del Gobierno y han aprovechado ese tiempo para enriquecer sus arcas y ampliar su arsenal, sin haber renunciado a acciones violentas en las que siempre queda la población civil en la mitad.
“Pero se ha evidenciado es que el Estado Mayor Central de las Farc-EP ha incumplido sistemáticamente los presupuestos fundamentales del CFBTNT pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la Fuerza Pública, y evidenciando poca voluntad de paz”, señalan.
En la demanda también hay un ataque contra el levantamiento de las órdenes de captura que recaen sobre los principales líderes de estas estructuras criminales. Piden, incluso, al presidente Petro que judicialice a los líderes de disidencias Farc. Asimismo, señalan que el presupuesto de UNP gastado en la protección de los insurgentes solo está ampliando su rango de acción, facilitándoles las operaciones y ahorrándoles dinero.
Ya había otra demanda para levantar orden de captura contra alias Calarcá
Tal demanda fue interpuesta por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando la nulidad tanto del levantamiento de estas órdenes de captura como de los decretos o resoluciones que establecen el cese al fuego.
“Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 419 de 29 de diciembre de 2023, del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego comunicada a la Fiscalía General de la Nación el 12 de enero de 2024, en la cual solicita, ‘Suspender todas y cada una de las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de Alexander Díaz Mendoza (sin identificación)’”, se lee en la demanda.
Con ello, solicitan que se declare la nulidad del Decreto 0888 del 15 de julio de 2024, mediante el cual se “prorroga el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP”.
De acuerdo con los demandantes, uno de los líderes del Estado Mayor Central, identificado bajo el alias de Calarcá, ha estado involucrado en actos que van en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
Específicamente, Fevcol acusa a las estructuras bajo su mando de haber amenazado en repetidas ocasiones a miembros de la federación, así como a autoridades municipales, además de extorsionar a varias comunidades y ser responsables del secuestro de soldados de las Fuerzas Militares. Lo anterior fundamenta su petición para que se revoque el cese al fuego bilateral con las estructuras insurgentes de las Farc.
Además de alias Calarcá, los demandantes también pidieron se declare nulo el levantamiento de las órdenes de captura contra otros disidentes como Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, entre otros.