Hay incertidumbre en la vía Panamericana por los recientes bloqueos por parte de comunidades indígenas en el departamento de Cauca que, en la mañana de este miércoles 21 de agosto, terminó con una fuerte explosión en el municipio de Cajibío.
Según la información preliminar, la detonación ocurrió en medio de las acciones de las autoridades para despejar la vía Panamericana, que lleva varias horas bloqueada por manifestantes que exigen la presencia del presidente Gustavo Petro para responder por los incumplimientos del Gobierno nacional en los acuerdos pactados con la comunidad indígena.
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Aunque son pocos los detalles sobre la explosión, se conoce de forma preliminar que el estallido dejó un saldo de una persona muerta, que correspondería a un hombre adulto que transitaba por la zona. Además, también se informó que otro ciudadano que resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico en Popayán para recibir atención especializada.
Sin embargo, fuentes del Ejército Nacional informaron a Infobae Colombia que el estallido sería producto de una moto cargada con explosivos, según versiones preliminares. Además, se habla de que la detonación también dejó dos uniformados de la Policía heridos, aunque las autoridades se encuentran en labores para esclarecer los hechos.
Adicionalmente, medios locales informaron que, una vez intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), los manifestantes han intentado prenderle fuego a los uniformados, al tiempo que han ocasionado varios incendios de zonas verdes, llantas y materiales inflamables para impedir que se recupere el orden público en la zona conocida como el túnel, en el municipio de Cajibío.
Los manifestantes, que incluyen comunidades indígenas como los misak, pijao y nasa, han insistido en la intervención presidencial para iniciar el diálogo sobre el futuro de la Asociación Indígena del Suroccidente Colombiano (Aiso). Estos grupos están reclamando el reconocimiento de sus autoridades tradicionales e insisten en que cualquier firma de decretos no debe profundizar las diferencias internas ni violar la estructura constitucional.
“Estamos hablando de reconocerlos como autoridad y eso lo deben hacer internamente, si lo hacemos nosotros, estaríamos violando la constitución”, agregó Rondón.
Los disturbios en la Panamericana han generado preocupación por la creciente violencia. Enfrentamientos previos con la fuerza pública han escalado las tensiones, y la reciente explosión intensifica la urgencia de encontrar una solución pacífica y negociada. Las comunidades indígenas en la región han mantenido sus exigencias firmes, destacando la importancia de un diálogo directo con el gobierno nacional.
Entretanto, siguen los enfrentamientos entre los agentes del orden y la comunidad indígena que mantiene la vida bloqueada desde el martes 20 de agosto. El uso de gases lacrimógenos y agua fue la metodología empleada para tratar de despejar la ruta, donde los manifestantes obstaculizaban el paso como medida de presión para que el Gobierno nacional reconociera al Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente como autoridad tradicional indígena, un decreto que debía emitirse antes del 20 de agosto por parte del Ministerio del Interior.
En respuesta a la intervención policial, la asociación indígena emitió un comunicado en el que defendía su derecho a la protesta: “El derecho a la protesta es un derecho fundamental consagrado en la constitución política. En este momento, están persiguiendo ese derecho fundamental a quienes elegimos”, informaron.
Durante los disturbios, dos personas resultaron heridas, y las autoridades advirtieron que la carretera Panamericana presenta obstáculos a lo largo de unos ocho kilómetros, lo que complicaría su reapertura al tráfico.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, criticó las acciones de la Aiso, catalogando el bloqueo de la vía como un acto ilegal que afecta los derechos de los habitantes de Cauca y Nariño. “Es indispensable realizar una discusión jurídica del decreto para asegurar que esté ajustado a la constitución, y negarse a ese diálogo resulta incomprensible”, argumentó, destacando la disposición del Gobierno a seguir buscando soluciones.
El Movimiento cuestionó la actuación del ministro, afirmando: “Hoy quiere atacar el derecho fundamental a la protesta, derecho que nos llevó a consolidar el gobierno para la vida. Hay tanquetas y fuerza pública a la espera para violentar nuestros derechos”.
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