En medio de las discusiones sobre la reforma tributaria, el Gobierno estaría considerando un incremento en el impuesto sobre la renta para personas naturales residentes en el país. La medida, que aún se encuentra en fase de evaluación, podría llevar la tasa impositiva actual del 39% al 41% para aquellos ciudadanos que perciban ingresos superiores a $121 millones mensuales.
Esta propuesta surge como parte de un esfuerzo por aumentar la recaudación fiscal y equilibrar las finanzas públicas. De ser aprobada, afectaría a un segmento específico de la población con altos ingresos, quienes verían un aumento en su carga tributaria.
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El anuncio generó reacciones divididas entre ciudadanos y economistas, quienes analizan las posibles implicaciones que tendría este aumento en el impuesto sobre la renta para la economía y la inversión. Se espera que el Gobierno ofrezca más detalles sobre esta medida, así como sobre otros posibles ajustes en la política tributaria.
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La otra cara, el impuesto a las empresas
El Gobierno Nacional podría considerar una reducción significativa en la tasa de renta corporativa, la cual actualmente se encuentra en 35%, como parte de la próxima reforma tributaria. Esta reforma tiene como objetivo generar un recaudo de $12 billones. El presidente Gustavo Petro sugirió recientemente la posibilidad de bajar esta tasa por debajo del umbral del 30%, en un intento por impulsar la economía.
Durante la clausura del foro de reactivación económica, el presidente Petro indicó que su postura es incluso más radical que la del ministro de Hacienda en este tema. Según Petro, se podría “transformar la renta de impuesto corporativa en una banda, un mínimo y un máximo”, y afirmó que “ese máximo es menos que la tasa de 35% de hoy; el ministro dice de 30%, yo probaría bajar un poco más”.
Esta medida, en su opinión, no solo ayudaría a la reactivación económica, también podría interpretarse como “un pacto social”, aludiendo a que sin impuestos adecuados, “no hay gasto social y si la desigualdad no disminuye no hay economía sostenible”.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había adelantado en semanas anteriores que la intención del Gobierno es reducir gradualmente la tasa de renta corporativa de 35% a 30%. Sin embargo, por cada punto porcentual que se reduzca, la Nación podría dejar de recaudar $2 billones, lo que requeriría la identificación de otras fuentes de ingresos. Si se siguiera la propuesta del presidente Petro de reducir la tasa aún más, esto podría significar una pérdida de más de $10 billones en ingresos.
El ministro había dicho que el Gobierno tenía dos “líneas rojas” que no piensa cruzar en la reforma tributaria: no tocar el IVA y no modificar el umbral de declarantes de personas naturales del impuesto de renta.
Es importante recordar que la tasa de 35% se estableció en la Ley 2277 de 2022, durante la reforma tributaria impulsada por el exministro José Antonio Ocampo, quien recientemente expresó su descontento con la idea de una nueva reforma fiscal. Esta tasa es la más alta entre los países de la Ocde, y su incremento de 10 puntos porcentuales proviene de la Ley 1739 de 2014, firmada por el exministro Mauricio Cárdenas.
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En contraste, Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, apoya la reducción de la tasa, aunque advierte que con las finanzas públicas actuales, “resulta casi imposible una mayor reducción en el corto plazo”. Además, señaló que la negativa del presidente a ampliar la base de renta de personas naturales o a modificar el IVA hace aún más complicada la posibilidad de una reducción adicional de los ingresos de la Nación.
Finalmente, Julio Romero, economista jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, coincidió en que aunque la idea de reducir la tasa corporativa es interesante, plantea más preguntas que respuestas en cuanto a cómo se lograría el objetivo de aumentar el recaudo al mismo tiempo. Para Romero, esta sería una medida que probablemente se aplicaría a largo plazo.