El paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó, que mantuvo a más de 50.000 personas confinadas, llegó a su fin este 19 de agosto. A través de un comunicado, la guerrilla anunció la conclusión de la medida desde las 6:00 a. m., agradeciendo a la población por haber acatado la orden sin incidentes.
La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba-Curi, fue la primera en reportar las graves consecuencias del paro. Según informó cifras reveladas a El Espectador, la crisis humanitaria en la región ha dejado a 50.000 personas confinadas en 10 municipios. Además, 38 instituciones educativas fueron afectadas, impactando a cerca de 22.000 estudiantes, de los cuales 300 de la subregión de San Juan no pudieron presentar las pruebas Saber 11 este fin de semana.
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El paro no solo afectó la movilidad y la educación, sino también el comercio y el acceso a servicios esenciales. La escasez de alimentos y medicamentos en más de diez municipios fue uno de los problemas más graves derivados de esta situación. Ante este panorama, la gobernadora Córdoba-Curi instó a que se avance en la intervención humanitaria anunciada y en el apoyo a la transición económica de la región, para garantizar condiciones dignas para sus habitantes.
El impacto del paro se agudizó con la muerte de una menor de 18 meses por desnutrición y de una mujer embarazada que no pudo recibir atención médica a tiempo debido a las restricciones. La Defensoría del Pueblo también reportó que más de 5.000 menores de comunidades afrodescendientes no pudieron asistir a clases, justo en el momento en que se realizaban las pruebas Saber 11.
Una negociación de paz en crisis
El proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN enfrenta su fase más crítica tras 21 meses de negociación. Durante casi 90 días, no ha habido reuniones formales, y la comunicación entre las partes se ha vuelto cada vez más tensa. Aunque se han logrado avances históricos, persisten profundas diferencias y el ELN ha mostrado poca disposición a ceder.
El Gobierno ha dejado la decisión en manos de la guerrilla, exigiéndole que defina si realmente desea continuar con los diálogos. Por su parte, el ELN ha acusado al Ejecutivo de incumplir los acuerdos y ha rechazado una propuesta confidencial del presidente Petro, que buscaba retomar las negociaciones discutiendo una reforma económica con el sector empresarial y los movimientos sociales.
El paro armado, anunciado por el ELN el 10 de agosto, fue justificado por la guerrilla como una respuesta a su confrontación con el Clan del Golfo. Según el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, la complicidad de las fuerzas militares y de policía con este grupo paramilitar ha intensificado el conflicto en la región, poniendo en riesgo a la población civil.
De hecho, alias Antonio García se pronunció recientemente contra el presidente Gustavo Petro y dio un ultimátum al Gobierno y la delegación de paz oficial.
El alzado en armas dijo que el gobierno del presidente Petro no ha cumplido con los primeros acuerdos pactados sobre la mesa. Uno de ellos: sacar al ELN de la lista de los GAO (Grupos Armados Organizados), categorización con que el Estado colombiano, en épocas de Álvaro Uribe, identificaba a las organizaciones armadas y delincuenciales.
“El tiempo sigue corriendo y nada que el gobierno de Gustavo Petro responde si va a sacar al ELN de la lista de los Gaos, tal como se acordó. Es un acuerdo sencillo, ¿qué sucederá con acuerdos más de fondo? ¡Qué peligro!”, escribió.
Añadió que “la famosa “propuesta confidencial” resultó ser un acuerdo ya firmado en el Diseño de Participación, donde se recogieron iniciativas de miles de organizaciones. No se trata solo de hablar por hablar, sino de cumplir lo acordado”.
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