Desde su posesión el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de liberar a miembros de la primera línea, enfrentando obstáculos legales debido a que varios jueces consideran que no pueden quedar en libertad.
Para 2024, la situación sigue siendo compleja. Según Blu Radio, se han legalizado más de 160 capturas y al menos el 40% están en detención preventiva. Además, solo se logró liberar a 10 gestores de paz antes de que la Corte Constitucional revocara dichas decisiones, añadiendo complicaciones al panorama.
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En respuesta a esta situación, el Congreso de la República evalúa un proyecto de ley presentado por el representante Eduard Sarmiento, con el cual se busca otorgar amnistías o indultos a quienes hayan cometido delitos relacionados con la protesta social. Dicha amnistía podrá otorgarse de oficio o a solicitud de parte y será decidida por el juez de control de garantías, sin importar la etapa procesal del caso. También se concederán indultos a condenados por delitos políticos o conexos relacionados con la protesta social.
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La iniciativa del representante Sarmiento no es la primera de su tipo, ya que anteriormente se han presentado proyectos similares que no han tenido éxito. La aprobación y efectividad de esta propuesta aún está por verse, ya que el panorama legislativo y judicial presenta múltiples retos para su implementación efectiva.
En el contexto de este amplio marco jurídico y social, la propuesta de Sarmiento representa un intento por resolver una problemática que ha generado divisiones y debates en múltiples sectores de la sociedad colombiana. La búsqueda de un balance entre la justicia y la reconciliación social continúa siendo una prioridad compleja para el Gobierno y las instituciones colombianas.
La negativa de la Corte
La Corte Constitucional de Colombia decidió no liberar a los miembros de la primera línea por varias razones clave. Entre ellas está la separación de poderes, según la Corte, el presidente y la rama Ejecutiva no pueden disponer la liberación de personas privadas de libertad por orden judicial sin un objetivo constitucional claro y específico.
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Además, la liberación de estos individuos podría limitar la efectividad del recurso judicial para las víctimas y afectar su derecho a la justicia efectiva. Asimismo, la Corte declaró que los términos de sometimiento deben ser definidos por el Congreso y que la suspensión de órdenes de captura debe cumplir ciertas condiciones establecidas por el legislador.
Aunque la Constitución permite al presidente buscar el cierre del conflicto armado por vías negociadas, esto no puede implicar que el Estado renuncie a perseguir la criminalidad y garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
Quién es Eduard Sarmiento
Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, quien abandera el proyecto, es representante por Cundinamarca del Pacto Histórico, ha demostrado un notable compromiso con las iniciativas sociales y la defensa de la autonomía local. En diciembre de 2021, renunció a su puesto como concejal en Zipaquirá para liderar la lista cerrada del Pacto Histórico en su departamento, logrando una victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes con el apoyo de 175.000 votos.
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Sarmiento, nacido el 4 de junio de 1983 en Zipaquirá, estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace una década, ha estado involucrado en movimientos sociales, destacándose su participación en la Plataforma Popular por la Región, que luchaba por la autonomía de los municipios de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Su experiencia en liderazgo social allanó su camino hacia la política electoral, permitiéndole ser elegido concejal de Zipaquirá en 2016 y reelegido en 2019. Entre 2017 y 2022, Sarmiento también presidió el Polo Democrático en Cundinamarca.
En su rol actual, Sarmiento ha respaldado todas las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en la Cámara de Representantes. Su gestión destaca por su apoyo a la elección de Alba Luz Velásquez como magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo la primera vez que el Polo Democrático cuenta con una magistrada en dicha entidad. Además, ha sido ponente de proyectos legislativos significativos, como el que reconoce al campesinado colombiano como sujeto de derechos y la iniciativa para proteger la soberanía alimentaria.