La mina de oro ubicada en Buriticá, Antioquia, puede convertirse en un dolor de cabeza en materia internacional para el Estado colombiano.
De acuerdo con El Espectador, la multinacional china Zijin Continental Gold demandó a la nación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Según la multinacional, Colombia no ha protegido su inversión en la mina de Buriticá.
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Zijin Continental Gold aseguró que en 2020 pagó un total de mil millones de dólares para garantizar los derechos de explotación en esa zona; sin embargo, la minería ilegal no les ha permitido realizar de forma correcta sus funciones. Los hechos se remontan a octubre de 2023.
El intento por quedarse con una de las más importantes minas de oro del país se ha traducido en detonaciones y disparos, que han afectado tanto a trabajadores como a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el primero de octubre de ese año se registraron cerca de 51 explosiones y 110 disparos, según reveló El Tiempo, y se informó en redes sociales que aproximadamente cien mineros informales quedaron atrapados en los túneles de la compañía, dando lugar a acusaciones de que Zijin podría estar detrás de los disparos.
“Aunque Colombia indujo y se benefició de estas inversiones sustanciales, posteriormente ha violado las expectativas que formaron la base sobre la cual el demandante decidió invertir en el país, y en particular, ha fallado en cumplir sus promesas de apoyo y protección”, se lee en la demanda revelada por El Espectador.
Y agregan: “Los datos sugieren que alrededor de 100 toneladas de explosivos fueron utilizados por los mineros ilegales durante ese año para volar rocas y liberar los minerales auríferos en las áreas subterráneas”. La multinacional china asegura que han perdido el control de las operaciones en la zona.
Según Zijin Continental Gold aseguró que se cansaron de utilizar todos los recursos legales disponibles en Colombia para proteger su propiedad, así como sus derechos exclusivos.
De acuerdo con el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Giovanny Vega, le aseguró al citado medio que las acciones del Estado van hasta donde inicia el riesgo de la minera ilegal.
“Colombia hizo un esfuerzo muy grande en informarle a los inversionistas chinos que el problema de Buriticá no se va a resolver con operaciones militares. Aunque, históricamente se han hecho las que han pedido. La novedad que tiene este expediente es que sin duda es el primer caso donde el estándar de protección que reclama el inversionista tiene que interpretarse a la luz de un conflicto armado iniciado por el Clan del Golfo”, indicó Vega.
Esta no es la primera vez que Colombia se debe enfrentar a demandas hechas por minerías internacionales. Por ejemplo, semanas atrás la Andje confirmó que un tribunal arbitral del Ciadi puso fin a los intereses de Eco Oro Minerals Corp, el cual pretendía obtener una indemnización de más 1.000 millones de dólares en relación con supuestas irregularidades en la implementación de la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán.
“Eco Oro alegaba que ciertas medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por las autoridades colombianas para prohibir la minería en ecosistemas de páramo y su implementación en el páramo de Santurbán, impidieron a Eco Oro desarrollar un proyecto de gran minería de oro en su concesión minera y, en consecuencia, constituyeron una expropiación indirecta de su inversión bajo el Artículo 811 del TLC”, informó la Andje.
Y agregó: “Eco Oro alegó que dichas mismas medidas violaron el Estándar Mínimo de Trato del Artículo 805 del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia. Eco Oro reclamaba así una indemnización de 690 millones de dólares, más intereses (alrededor de 1100 millones de dólares en total)”.
En el fallo, emitido el 15 de julio de 2024, el tribunal arbitral determinó que Eco Oro no aportó prueba alguna, a pesar de que se le dio una segunda oportunidad para el efecto, en consecuencia, se tomó la decisión de no otorgar un solo dólar por concepto de indemnización. Debido a otras fallas por parte de Eco Oro en la defensa de su caso, el tribunal también se abstuvo de condenar a Colombia en costas.