El Congreso de Colombia está por discutir un proyecto de ley que ha generado expectativa y controversia.
La propuesta, que será presentada hoy 31 de julio, pretende prohibir la comercialización y distribución de artículos y símbolos asociados a criminales condenados, como Pablo Escobar y Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye. Este proyecto también busca restringir el uso y porte de imágenes relacionadas con estas figuras.
El fenómeno de la comercialización de objetos alusivos a criminales no es nuevo. En distintas partes del país y del mundo, figuras como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán o Al Capone tienen su propia serie de productos y memorabilia.
En Antioquia, en particular, es común encontrar tiendas y negocios que venden artículos con la imagen del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, desde llaveros y camisetas hasta gorras e imágenes de su cédula. Además, existen tours que llevan a los turistas a visitar las propiedades asociadas con Escobar, y en Medellín operaba un museo dedicado a su figura hasta hace poco.
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El proyecto de ley, según El Colombiano, liderado por el representante Cristian Avendaño de la Alianza Verde y oriundo de Santander, busca enfrentar este fenómeno. El legislador destaca que el objetivo es adoptar medidas para contrarrestar el narcoturismo, el turismo sexual y la venta de artículos que enaltecen a estos delincuentes como modelos a seguir por las generaciones actuales y futuras.
El proyecto propone una modificación al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para sancionar a quienes comercialicen, distribuyan, usen o porten símbolos o material audiovisual que exalten la imagen de personas condenadas. Las sanciones incluyen multas que varían entre $173.000 y $693.000, la suspensión temporal de la actividad comercial involucrada, o incluso la destrucción del bien en cuestión.
El Tedioso debate sobre la restricción de comercios relacionados con Pablo Escobar y el narcotráfico
La reciente propuesta para restringir el comercio de productos vinculados a Pablo Escobar ha desatado un intenso debate en Colombia. La medida no solo impactaría a quienes dependen de este tipo de comercio para su sustento, sino que también plantea interrogantes sobre la libertad de expresión garantizada por la Constitución, que protege el derecho a expresar y difundir opiniones, ya sea a través de camisetas, llaveros o cualquier otro artículo.
El representante a la Cámara, Juan David Avendaño, argumenta en diálogo con *El Colombiano* que, según su perspectiva, la restricción propuesta no afectaría a un gran número de personas. Avendaño ha solicitado al Gobierno estudios que permitan caracterizar a los beneficiarios de estas actividades comerciales, aunque hasta el momento no ha recibido respuestas y persiste un importante subregistro. “No hay información oficial sobre quiénes podrían estar afectados ni sobre el impacto económico potencial. Queremos abrir el debate entendiendo estos riesgos y plantear apoyos para la reconversión de estas actividades”, explica Avendaño.
En la actualidad, la mayoría de los comerciantes involucrados en la venta de productos relacionados con Escobar operan en la informalidad, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que complica la obtención de cifras precisas sobre esta actividad económica. Avendaño considera que, aunque la restricción puede afectar a quienes dependen de estos ingresos, el análisis preliminar indica que muchos de estos comerciantes también tienen otras fuentes de ingreso, como la venta de ropa no vinculada a Escobar.
Por otro lado, la profesora Marcela Anzola, abogada y consultora independiente, señala que, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio ha prohibido el uso de nombres como “Pablo Escobar” para ciertos sectores publicitarios, ha permitido su uso en vestimenta y calzado. La entidad está considerando también permitir su uso en cervezas, servicios turísticos y restaurantes.
El proyecto, aún sin el respaldo total del Gobierno de Gustavo Petro, cuenta con el apoyo de algunos congresistas y se encuentra en proceso de discusión. Avendaño asegura que se corregirán los posibles impactos sobre la libertad de expresión durante el debate y propone la implementación de un régimen de transición y multas pedagógicas para quienes sean sancionados inicialmente.