Ómar Hernández Doux, director ejecutivo de Spartan Hill y contratista de DailyCop, declaró en el mes de mayo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras ser convocado por la Fiscalía.
La declaración de Hernández Doux se refiere a un supuesto aporte de la empresa de criptoactivos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
DailyCop, la criptomoneda colombiana, ha estado envuelta en controversias debido a casos de fraude. En su momento dicha declaración generó controversia en el país.
Tiempo después, el 25 de julio, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro. La denuncia alega que la campaña presidencial de Petro en 2022 fue presuntamente financiada de manera ilícita con fondos de la empresa DailyCop. De igual manera el político aseguró que de llegarse a comprobar esto podría darle entre 4 y 8 años de cárcel.
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antes de que el concejal del partido opositor Centro Democrático se dirigiera hacia la Comisión de Acusaciones, publicó en su cuenta de X que “hoy vamos a denunciar al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el delito Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas por haber recibido presuntamente recursos de la captadora ilegal DAILY COP”.
Luego de haber presentado la denuncia contra el presidente Gustavo Petro, Briceño explicó que esta se fundamenta en la ponencia actualmente radicada en el Consejo Nacional Electoral, donde el abogado de los hermanos Hernández, ahora imputados por el caso de la captadora masiva ilegal de recursos DailyCop, afirma que se aportaron algunos recursos a la campaña presidencial de Petro. Según Briceño, el objetivo es reforzar el proceso de juicio político que ya está en curso.
“Pero recuerde que juicio político no tiene consecuencias de carácter penal. Nosotros lo que queremos ahora es que se active el artículo 396, literal a, que trata sobre la financiación irregular de campañas, porque el Estatuto Anticorrupción plantea que financiarse con recursos ilícitos, como son los provenientes de la captación ilegal de dinero por parte de DailyCop, es un delito. Este delito no solo sanciona al gerente de campaña, Ricardo Roa, sino que también tiene consecuencias directas sobre el Presidente de la República, tal como lo estipula el tipo penal”, comentó el concejal.
Además explicó que de comprobarse las acusaciones que hay en contra del jefe de Estado en dicha denuncia, podría darle entre cuatro y ocho años de cárcel.
Posteriormente a dicha intervención frente a varios medios de comunicación, el concejal opositor al Gobierno nacional hizo una publicación en su cuenta de X en la que dijo: “Este proceso que busca la responsabilidad penal del presidente de la República se suma al de juicio político liderado e impulsado por varios miembros de la sociedad civil entre ellos el Dr. Abucaibe. Ojalá el Congreso tenga la grandeza de actuar”.
Y es que, en su momento Daniel Briceño, cuando se supo del escandalo en su cuenta de X comentó que: “Gravísimo. Hoy @CaracolRadio revela que a la campaña de Gustavo Petro recibió aportes ilícitos de Daily Cop y que Ricardo Roa se comprometió a que si ganaban el gobierno Petro iba a regular esa criptomoneda en la Superintendencia Financiera”.
En cuanto al primer mandatario hizo una publicación en su cuenta de X en la que dijo: “La desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio, llega a estos extremos de construir la mentira. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes a los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos como Odebrecht y las EPS a sus campañas, buscaron actos y gastos por fuera de las fechas de campaña, calumniaron empresarios y ahora se inventaron la compra de un avión con testigos falsos”.
Y agregó que: “Partida de mentirosos. A mi si me gustaría que se hiciera la investigación penal a la que tenemos derecho: ¿por qué durante un año fueron intervenidas ilegalmente las comunicaciones de mi campaña presidencial?”
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