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Frente disidente del ELN en Nariño iniciará desminado en zonas afectadas de ese departamento en agosto

Inicialmente limpiaran a 10 municipios de los artefactos explosivos antipersonal como compromiso de paz

El frente comuneros del sur del ELN iniciará desminado en zonas afectadas en Nariño. (Crédito: Redes sociales)

La facción disidente del ELN, que se encuentra en un proceso de paz con el Gobierno Nacional, aparte al que adelantan con el Comando Central de ese grupo guerrillero, anunció el lunes 22 de julio que despejaran de minas antipersonal a 10 municipios afectados por ese flagelo en Nariño.

El compromiso lo adquirieron en un evento de paz que se llevó a cabo en ese departamento de cara al proceso de paz que sostienen con la administración del presidente de la República, Gustavo Petro, reportaron en el informativo de televisión Noticias Caracol.

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”Se han comprometido y han entregado mapas. Lo que no tenemos claro es lo que han minado los otros grupos que no son parte de esta instancia. Entonces el protocolo de trabajo es sobre la zonas que sabemos que ellos minaron y en las que queremos avanzar rápidamente”, afirmó en ese noticiero Andrei Gómez Suárez, uno de los facilitadores de paz del Gobierno Nacional.

Andes, Sotomayor, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego y Santacruz serán las poblaciones que se beneficiarán con el desminado humanitario al que se comprometieron los subversivos disidentes del ELN y que se programó para que realicen en agosto.

En Noticias Caracol, líderes sociales reconocieron que se trata de un importante avance que beneficia a la población civil en ese departamento del suroccidente del país.

“Hablar de desminado es muy importante porque eso empieza a sanar el territorio porque en este época hay lugares que hacen presencia el ELN y que las personas tuvieron que abandonar por esa razón”, explicó en ese medio de comunicación, Francisco Javier Cortés un líder indígena en Nariño.

Además, en ese encuentro que promovió el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, y que respaldaron desde el mismo Gobierno Petro, los voceros del grupo insurgente expresaron su deseo de abandonar la lucha armada, destacaron en la emisora Caracol Radio.

“Hemos definido que si las condiciones de implementación y las condiciones han avanzado, nosotros dejamos las armas. No sabemos si las vamos a destruir, a tirar al mar, o entregar a la OEA (Organización de Estados Americanos), pero la base de nuestra confianza hacia la sociedad es colocar estas armas en disposición”, dijo en ese medio radial Roger Garzón uno de jefes subversivos de ese grupo que lleva más de treinta años teniendo injerencia en esa zona del país.

El gobernador de Nariño resaltó en Caracol Radio que se trata de un proceso de cese del conflicto innovador teniendo en cuenta que en la medida en que van dialogando, también conciertan compromisos que se van implementando al mismo tiempo.

Una opinión similar tuvo el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que calificó de positivo que se estén beneficiando la población civil.

“Se abre una puerta concreta de paz con compromisos de parte de todos los actores, comunidades, gobierno departamental y municipales e incluso de los Comuneros del Sur”, expresó en esa emisora.

Por hechos de corrupción en la Ungrd que beneficiarían al ELN, José Félix Lafaurie propuso congelar diálogos de paz

Fotografía de archivo de José Félix Lafaurie y uno de los máximos jefes del ELN, alias Antonio García. (Crédito: Presidencia de la República / Colprensa)

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en su calidad de miembro de la delegación del Gobierno que negocia con el grupo armado ilegal, le solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro, que suspenda la participación en la mesa de negociación hasta que se aclare si el ELN está siendo beneficiado con supuestas contrataciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta petición surge luego de que el exdirector de dicho organismo, Olmedo López, declarara ante la Corte Suprema de Justicia que se habría intentado adjudicarles procesos contractuales para respaldar la política de paz total del Gobierno Nacional.

En su más reciente columna de opinión, titulada La corrupción y la paz posible, Lafaurie indicó que, ante las sospechas generadas por las declaraciones de López es necesario tomar medidas que aseguren la legitimidad del proceso de paz; una de ellas sería esperar el desenlace de estas denuncias.

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