Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció en una rueda de prensa el nuevo proyecto de acuerdo que se presentará al Concejo de Medellín, que busca que Empresas Públicas de Medellín (EPM) venda su participación en la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE. Según Gutiérrez, la venta responde a la urgencia de salir de una inversión poco rentable.
“Acuérdense que los escenarios en el área de comunicaciones son muy cambiantes y por eso tiene que ser una firma externa la que determine el valor de las acciones en la empresa. Hoy, en libros, esta puede estar tasada (las acciones de EPM) en $1,6 billones, incluyendo los $300.000 millones de capitalización que recibió el año pasado”, dijo Gutiérrez.
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Esta suma se diferencia significativamente de los $2,3 billones y $2,8 billones que la anterior administración esperaba obtener en intentos previos de enajenación. La falta de claridad sobre el destino de los recursos en administraciones anteriores fue uno de los factores que frustraron la venta.
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Uno de los argumentos centrales es el deterioro económico de Tigo-UNE, que según sus propias cuentas, presentó una pérdida patrimonial de un billón de pesos en 2022, lo que afectó las transferencias de EPM al distrito en $330.000 millones para 2023. Esta situación ha motivado a los técnicos de EPM y al gerente de la entidad John Maya a apoyar la propuesta de Gutiérrez.
Además, Gutiérrez explicó que cuando se realice la venta de la empresa de telecomunicaciones el dinero recaudado será vigilado y gestionado por un comité especifico para el manejo optimo del dinero dirigido a los recursos públicos.
“Como el Concejo de Medellín no puede definir a donde van los recursos, esa tarea recae en la Junta de EPM. Por eso, de concretarse el proyecto de enajenación y la venta de las acciones, le propongo a la junta que los recursos del fondo vayan a proyectos como la formación en habilidades tecnológicas de la industria de la Cuarta Revolución para la gente de Medellín como en capitalización de emprendimientos tecnológicos”, afirmó el alcalde Gutiérrez.
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Millicom tiene la prima opción de compra en acciones de Tigo-UNE
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, declaró el 10 de julio que cualquier decisión sobre la venta del 49,99% de la participación que Empresas Públicas de Medellín posee en Tigo-UNE debe garantizar un valor no menor a la capitalización actual de la empresa. Lizcano explicó que esto se debe al fortalecimiento financiero de Tigo en el último año, con una capitalización que alcanzó los $3.000 millones y una capacidad de inversión cercana al 50%.
Lizcano mencionó que, al considerar la posibilidad de vender, es crucial no aceptar una oferta por debajo del valor real de Tigo-UNE. Aunque hizo énfasis en la autonomía de EPM, que ha sido esencial para su reconocimiento como empresa pública, también destacó la viabilidad de realizar una audiencia pública para discutir la decisión.
EPM tiene la opción de vender su parte a la empresa Millicom, que posee el primer derecho de compra. Sin embargo, dicha transacción requeriría la aprobación del Concejo de Medellín. Este tema ha generado un debate entre los concejales. Algunos argumentan que la venta implicaría pérdidas financieras para EPM, mientras que otros, como el alcalde Federico Gutiérrez, ven en la operación una oportunidad para generar recursos destinados a nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.
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Las criticas del concejal Marín a la venta de Tigo-UNE
El concejal del Pacto Histórico José Luis Marín se unió al grupo de concejales que han expresado su insatisfacción ante la falta de respuestas claras por parte de la empresa Tigo-UNE. Marín exigió una explicación concreta sobre la venta de la infraestructura pasiva, considerando ilógica la estrategia de vender y posteriormente arrendar las torres, según información recogida en varios medios.
Marín señaló que la compañía parece estar siendo gradualmente desmantelada para favorecer intereses privados, lo que podría llevar a una eventual privatización. Además, manifestó su preocupación sobre la presunta destrucción de los derechos laborales mediante la sustitución patronal, subrayando la importancia de proteger a los empleados que son esenciales para la continuidad de la empresa.